El 90% de las ejecuciones registradas se produjeron en tan solo tres países de la zona de Oriente Medio y Norte de África.

 

En 2022 se registraron 883 ejecuciones en todo el mundo, la cifra más alta desde 2017. Así lo informa Amnistía Internacional en su Informe Anual, que abarca a 20 estados y que registra un aumento del 53 % respecto a 2021. El aumento significativo, que no tiene en cuenta los miles de muertos presuntamente ejecutadas en China, dependen de los estados de la zona de Oriente Medio-Norte de África, cuyo total pasó de 520 en 2021 a 825 en 2022.

Al aumentar el número de ejecuciones, los estados del área de Oriente Medio-Norte de África, han violado el derecho internacional y mostrado un profundo desprecio por la vida humana. El número de personas privadas de la vida ha aumentado enormemente: Arabia Saudita ejecutó a 81 prisioneros en un solo día. En la segunda mitad del año, en un intento desesperado por aplastar las protestas populares, Irán ejecutó a personas que solo habían ejercido su derecho a protestar”, dijo Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía. Internacional.

Lo preocupante es que el 90% de las ejecuciones registradas, excluyendo a China, se produjeron en tan solo tres países de la zona de Oriente Medio – Norte de África: en Irán pasaron de 314 en 2021 a 576 en 2022; en Arabia Saudita se triplicaron, de 65 en 2021 a 196 en 2022, la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en 30 años; y en Egipto, donde fueron ejecutados 24 prisioneros.

El uso de la pena de muerte -continúa Amnistía- ha permanecido rodeado de secreto en varios estados -como China, Corea del Norte y Vietnam-, sin embargo conocido por el uso extensivo de la pena de muerte: el número real de ejecuciones es, por lo tanto, mucho mayor. Si bien no está claro cuántas veces se aplicó la pena de muerte en China, sí está claro que permaneció al tope de la lista de ejecuciones, seguida por Irán, Arabia Saudita, Egipto y los Estados Unidos de América.

Ha llegado el momento de que los gobiernos y Naciones Unidas aumenten la presión sobre los responsables de estas violaciones de los derechos humanos y aseguren la implementación de las garantías internacionales. Mientras aumentan las ejecuciones, el número de condenas a muerte impuestas en 2022 permaneció esencialmente sin cambios: 2016 en comparación con 2052 en el año anterior.

Y un poco de esperanza proviene de los seis estados que, en 2022, abolieron la pena de muerte en su totalidad o en parte. Kazajstán, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana y Sierra Leona han abolido la pena de muerte para todos los delitos, Guinea Ecuatorial y Zimbabue para delitos comunes. A fines de 2022, 112 estados habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y nueve estados más la habían abolido para delitos comunes.

Esta tendencia positiva continúa en 2023, pues se han lanzado iniciativas de leyes abolicionistas en Liberia y Ghana; los gobiernos de las Islas Maldivas y Sri Lanka han anunciado que no darán seguimiento a las sentencias de muerte. 

Muchos estados continúan enviando la pena de muerte al basurero de la historia y es hora de que otros hagan lo mismo, como Irán, Arabia Saudita, China, Corea del Norte y Vietnam pertenecen ahora a una minoría. Pero son precisamente estos estados los que deben estar a la altura de los tiempos. El papa Francisco considera a la pena de muerte hoy como "inadmisible”.