Las cifras hablan por sí solas: entre el 1¦ y el 31 de enero del 2021, se produjo un femicidio cada 27 horas. 50 muertes violentas de mujeres, trans y travestis, ocurridas en los primeros 45 días del año, de las cuales 35 son femicidios. En el 59% de los casos, el femicida fue su pareja o ex pareja, mientras que en un 29% fueron hombres de su círculo íntimo. 9 de estos femicidios están vinculados a delitos relacionados con el narcotráfico, venganzas o deudas que están en proceso de investigación. A ello debe sumarse 46 intentos de femicidios. Los datos surgen del Registro Nacional de femicidios y de Informes elaborados por el Observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos” de la Organización Mumalá. Son cifras que conmueven. Porque todos advertimos que, tras el frío dato de los números hay vidas que se apagan y proyectos que se truncan. La tragedia no termina aquí. Hay 27 niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin su madre.
Pero hay un dato en el que me quiero detener: sólo el 25% de las víctimas había denunciado a su agresor. Este punto bien puede reflejar desconocimiento de los derechos que tienen, falta de confianza en el sistema o desmotivación ante la ausencia de respuestas eficaces de las instituciones responsables. En cualquiera de las hipótesis, algo está fallando y urge encontrar la solución.
"Tras vidas que se apagan y proyectos que se truncan,la tragedia no termina aquí. Hay niños, niñas y adolescentes que se quedan sin su madre.’
En ese sentido, resultan ilustrativos los resultados del Informe técnico "Necesidades jurídicas insatisfechas en el Conurbano Bonaerense. Aportes sobre los problemas jurídicos en clave a características socio-demográficas y desigualdades socioeconómicas (2019) realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA .
Vemos algunos datos que manifiestan desigualdades en el acceso a la justicia y desinformación que bien pueden servirnos como indicadores. Sólo una de cada tres mujeres que buscó ayuda en el Conurbano Bonaerense consiguió asesoramiento o ayuda en los trámites para resolver el problema. Sólo el 15,3% de las mujeres recibió información sobre derechos, posibilidades y consecuencias, mientras que en el caso de los hombres esto asciende al 30,4%. Sólo el 29,3% de las mujeres que solicitaron patrocinio jurídico obtuvieron la ayuda. La no obtención de ayuda entre quienes tienen problemas vinculados con la inseguridad (incluye violencia física y sexual), puede deberse a no poder pagar los honorarios de un abogado, a no saber a dónde concurrir ante la presencia de un problema y/o a no tener en la cercanía una oficina de servicios legales que pueda ofrecer ayuda.
Tres realidades preocupantes se advierten aquí: pobreza, desigualdad en el acceso a justicia y falta de conocimiento de los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia. La lucha que debemos dar en forma urgente contra el femicidio requiere de estrategias que den respuestas a estas realidades.
Hay algunos elementos positivos que podemos destacar. Tanto el Estado nacional como el provincial han incorporado en la agenda pública la lucha contra este flagelo. Se han creado organismos específicos para el abordaje de la violencia de género. El poder judicial viene capacitando a sus funcionarios en perspectiva de género, lo mismo lo están haciendo las fuerzas de seguridad. Contamos con leyes nacionales y provinciales de protección integral de la mujer y con normas penales específicas sobre el femicidio. Existen numerosos movimientos que han ayudado y ayudan a una mayor toma de conciencia. Aun así, algo está faltando, porque cada vez mueren más mujeres en nuestro país. Tal vez sea porque estas políticas apuntan a la atención y contención de las mujeres que ya son víctimas de violencia y la respectiva sanción a los agresores. Hay que llegar antes con políticas de prevención y la mejor herramienta sin lugar a dudas, es la educación. La familia y la escuela tienen aquí un rol insustituible.
Por Miryan Andújar
Abogada, docente e investigadora
Instituto de Bioética de la UCCuyo