Los presidentes latinoamericanos están practicando un nuevo deporte. Atribuyen todos los males a los periodistas y los patean como pelotas. Los hacen responsables de la inseguridad pública, de la ineficacia de los sistemas de salud y educación, de la corrupción y hasta de "denostar al Estado" y "manipular a los pobres".
No es un deporte amateur, sino profesional, estratégico y bien orquestado. Ante una oposición débil que ni siquiera sirve de chivo expiatorio y por su propia ineficiencia para resolver los problemas, los gobiernos culpan a los medios, haciendo que el ciudadano descargue contra ellos su frustración.
Hace una década, Hugo Chávez marcó la cancha y enseñó que para gobernar se necesita dominar a los medios. Su fórmula es exitosa: desprestigio público y constante de periodistas, agresión mediante turbas a sueldo, acoso judicial dentro de un sistema legal hecho a medida.
Cuando Rafael Correa asumió la Unión de Naciones Sudamericanas, dijo que buscaría un mecanismo para controlar a la prensa. En Ecuador, su prédica derivó en una ley que obliga a los medios a un código de ética bajo la pena de que podrán ser cerrados. En Chile, Michelle Bachelet envió al Congreso, sin mucha suerte, una ley para un periodismo con responsabilidad.
Más duro, Daniel Ortega patrocina en Nicaragua foros de "periodistas sandinistas" para contrarrestar a los medios independientes en lo que denomina su "guerra mediática". En Cuba el gobierno extendió la carrera de periodismo en siete universidades para adoctrinar a más jóvenes sobre "una comunicación hacia posiciones más acordes a los cambios políticos económicos y sociales en América latina".
La "hegemonía comunicacional" que puso de moda Chávez no es otra cosa que crear medios con fondos públicos -ya posee 238 emisoras, 28 TV y 340 periódicos y agencias de noticias- que utiliza para su diatriba gubernamental. También lo podría disponer Fernando Lugo en Paraguay con su plan de comunicación que involucra a 700 radios comunitarias.
En Brasil, Lula da Silva planeó una Conferencia Nacional de Comunicación para estudiar la incidencia de los medios, lo que servirá para delinear estrategias de control, mientras en Panamá Ricardo Martinelli considera que los medios son responsables de incentivar la ola de violencia que sacude al país. En Uruguay, si gana Carlos Mujica, buscará controlar a los medios, algo que ya venía prometiendo Tabaré Vázquez.
El matrimonio Kirchner se adelantó a muchos con la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. Si bien está destinada a evitar la concentración, termina limitando la creación de medios privados. Una réplica que ya se sintió en El Salvador, donde una propuesta busca también "democratizar" el espectro al "estilo argentino".
La estigmatización de los medios a los que se califica de desestabilizadores o de denigrar al Estado, lleva a los cuerpos de inteligencia, como la ex SIDE argentina y el DAS colombiano, a espiar a periodistas debido a doctrinas de seguridad nacional o sancionar leyes, como en República Dominicana, que permiten bloquear información, todo esto para evitar investigaciones sobre corrupción.
La lucha en contra de la concentración busca acabar con los medios grandes que tienen solvencia económica y por ende independencia para investigar la corrupción, que de otra forma permanecería oculta. Los gobiernos prefieren medios chicos, vulnerables.
En esta época difícil para las democracias, si bien la prensa debe mantener y buscar una férrea ética para no desviarse de su misión, su verdadero papel es hacer un periodismo fuerte, fiscalizador y sin distracciones. Que derrote en el campo de juego de la democracia a quienes solo atinan con endilgarles la culpa a los mensajeros.
"CHáVEZ enseñó que para gobernar se necesita dominar a la prensa. Su fórmula: desprestigiar a periodistas, agresión por turbas a sueldo y acoso judicial en un sistema hecho a medida."