En ocasión de haberse celebrado en todo el mundo la XV Jornada mundial contra la pena de muerte, la organización Amnesty International pide hoy a las minorías de los Estados que todavía mantienen en vigencia la pena capital, unirse a la tendencia abolicionista global. Veremos algunos datos recientes. En el 2016 sólo 23 Estados han llevado a cabo condenas a muerte y -como es habitual- un pequeño grupo de ellos (China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Pakistán) han sido responsables de la gran mayoría de las ejecuciones.

Amnesty International pide a todos los Estados que aún mantienen dicho castigo, el gesto de abolirla, y en la espera de una abolición total, instituir inmediatamente una moratoria de las ejecuciones. 

Este año la Jornada mundial contra la pena de muerte se ha concentrado en el vínculo existente entre pena capital y pobreza. Las investigaciones evidencian que las personas provenientes de ambientes socio-económicos desfavorables son más castigadas a la hora de enfrentar el sistema judicial, incluida la pena de muerte. Difícilmente estas personas pueden permitirse una defensa eficaz. La capacidad de afrontar el sistema judicial depende en parte del nivel de alfabetización y de la disponibilidad de redes sociales o recursos humanos influyentes en las que pueden encontrar un punto de apoyo para la defensa justa.

La pena de muerte en China ha mostrado una preocupante tendencia reciente: la pena capital recae en modo desproporcionado en los más pobres, en los que poseen niveles más bajos de instrucción y los que pertenecen a las minorías étnicas o religiosas.

En Arabia Saudita el 48,5 % de todas las ejecuciones registradas por Amnesty International desde enero de 1985 a junio de 2015, ha recaído sobre ciudadanos extranjeros, migrantes sin ningún conocimiento de la lengua árabe, con los que se llevan adelante interrogatorios y procesos, a menudo con ausencia de adecuados servicios de intérpretes. Las embajadas y los consulados no son informados de su arresto y aún de su ejecución. En algunos casos las familias no reciben el preaviso de la ejecución ni reciben después el cuerpo del familiar fallecido. 

Los datos de 2017:

Según los datos difundidos por Amnesty International y que comprenden sólo los constatados -porque los reales son muchos más- desde el inicio del año han sido 586 las condenas a muerte ejecutadas en el mundo, sin contar China. El Estado que más penas capitales ordena es indudablemente China. Ocurre que este país ha dispuesto considerar las condenas capitales como secreto de Estado, ya desde el 2009 Amnesty ha dejado de publicar la estimación de ejecuciones. Con todo, hemos de recordar que años anteriores, las mismas no bajaban de 5.000 condenas y 2.000 ejecuciones al año, aproximadamente.

Luego le sigue Irán con 355 condenas ejecutadas en el 2017. Viene después Arabia Saudita con 85, Pakistán con 45, Irak con 31, los Estados Unidos con 18, Jordania con 15, Kuwait con 7, Palestina (Gaza) y Somalía con 6, Bahrein, Bangladesh, Singapur y Yemen con 3, Japón y Malasia con 2, Bielorrusia y Egipto con 1.

¡Cuánto cuesta reconocer el don, el regalo de la vida! Es el derecho más básico y fundamental. Aún quien delinque no pierde la dignidad ontológica que posee por ser persona humana. Por eso insiste el Papa Francisco: "la pena de muerte hoy es inadmisible''. La tendencia abolicionista que marcó Cesare Beccaria en el siglo XVII no dará vuelta de hoja. Ojalá cese toda violencia.
No más muertes. Hay otro tipo de condenas. Nadie puede ser condenado para siempre, quedando sin esperanza, sin futuro.