El gobierno prácticamente ha aplicado un arancel sui generis hasta el 31 de diciembre de este año, alcanzándolo de modo controvertible a través de la suba repentina y excesiva de la tasa de estadística para los productos de importación.

Por un lado ha generalizado a todos los importados la aplicación de la tasa de estadística atento a que ha eliminado categorías que estaban exentas del pago de este importe por recibir el servicio de estadística aduanera.

A la vez ha aumentado la alícuota elevándola al 2,5 desde el 0,5 que estaba antes de la suba computado a mayo de 2019, con lo cual el gobierno piensa recaudar cerca de 30.000 millones de pesos, y cuenta con el aval, o, indicación favorable del FMI.

La medida en términos materiales y lo que significa para los importadores, implica una agravación del costo de las operaciones de comercio internacional, que adolece del mínimo recaudo legal, ya que se ha consagrado tal aumento por decreto, cuando corresponde hacerlo mediante la disposición de una ley.

No ha reparado esta medida problemática en que más de dos tercios de las importaciones son insumos de la producción, o, vinculado a los servicios que se prestan en el país, con lo cual, constituye un golpe durísimo contra la producción nacional al agravar la ecuación de los costos de producción. No consigue otro objeto que acelerar la inflación de costos.

Este decreto introduce una avería al Mercosur, cuando, se sabe que los mecanismos de regionalización son buenos si implican ventajas mutuas en el marco de la vecindad continental, y constituyen un elemento de protección y contrapeso valido frente a otros bloques que también tienen este tipo de reaseguros en su comercio intra-regional.

Como ocurre a menudo con muchas medidas del gobierno el fin expreso consignado en el decreto se da de bruces con el real motivo por el cual se determina a aplicar este tipo de medidas empecinadamente recaudatorias. Ante la ola de críticas sectoriales el gobierno evalúa hacer excepciones parciales pero sobre lo ya innovado negativamente. Uno de los sectores que entrarían en esa planeada excepción parcial serian las actividades de empresas que operan en Vaca Muerta. Lo cual abrirá otro frente de roces por los problemas de competitividad que le generara a las económicas regionales y sus pequeñas y medianas empresas.

Porque mientras el texto del decreto se refiere a consolidar el déficit cero, la real intención esta un paso mas allá del logro de ese no déficit, y está configurado por la necesidad acuciante de conseguir y liberar fondos para hacer frente a un abultado cuadro de pagos ligados a los servicios financieros de la deuda externa. Por eso se especula que tiene aire fondomonetarista la medida.

Pero, hay que insistir por su vital importancia, que lo más grave es que se afecta la importación de bienes de capital generalizada hasta fines de este año, con lo cual el objetivo de reactivar la producción y la industria tienen en esta medida atropellada un obstáculo preciso que hará mas empantanada la situación del país en términos de tomar una senda diferente al proceso de recesión y estancamiento reinante. Con esta medida se va consolidar la reducción del déficit externo de la balanza de pagos, pero, no se advierte que ese posible superávit se va a lograr a costa de de la reducción de insumos que son necesarios para darle funcionamiento al aparato productivo interno. 

Por el Dr. Mario Luna y el Prof. Fabián Núñez
Profesionales jachalleros.