Finalmente, el secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres ha emitido un comunicado sobre la escalada de la violencia en Nicaragua, donde han muerto por lo menos 264 personas en las manifestaciones antigubernamentales de los últimos tres meses. Pero su declaración, además de ser tardía, es lamentable.

Las barricadas en las calles han sido erigidas por estudiantes para protegerse de los paramilitares de Ortega.


 

Guterres dijo en un comunicado que está "profundamente preocupado" por "la violencia continua e intensificada en Nicaragua", así como por el ataque del 9 de julio contra sacerdotes de la Iglesia Católica que actúan de mediadores en la crisis. También pidió a "todas las partes" que se abstengan del uso de la violencia.


Pero, vergonzosamente, omitió decir que casi todas las muertes fueron causadas por el régimen del presidente Daniel Ortega.


Todas las principales organizaciones de derechos humanos coinciden en que la mayor parte de la violencia viene de un lado: la policía y los paramilitares de Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) dice que ya van 264 muertos desde que se iniciaron las protestas el 18 de abril, mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua calcula la cifra de muertos en 309 personas, y miles de heridos.


Cuando le pregunté al jefe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA Paulo Abrao cuántas de las muertes fueron causadas por fuerzas progubernamentales, me dijo que es más del 90% del total.


Ortega, un populista de izquierda que ha cooptado todos los poderes, está en el poder desde 2007. Fue reelecto por última vez en unas elecciones altamente cuestionables en 2016.


Junto a su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, Ortega afirma que las protestas están dirigidas por "golpistas" y "terroristas". Pero la verdad es que lo que comenzó en abril como una manifestación estudiantil se ha convertido en una protesta nacional. Estudiantes, sindicatos, profesionales y las organizaciones empresariales más grandes del país han salido a la calle para protestar contra lo que se ha convertido en una sangrienta dictadura.


Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico (Funides) y miembro de la Alianza Cívica opositora, me dijo que "Ortega está tratando de hacer creer al mundo que la violencia viene de ambos lados. Pero ésta ha sido una rebelión popular generalizada y pacífica que se acumuló en 11 años de un régimen autoritario".


Lo que me trae de vuelta a la declaración de Guterres llamando a "todas las partes" a cesar la violencia. El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, calificó acertadamente la declaración de Guterres de "vergonzosa".


Ya es hora de que las Naciones Unidas hagan algo para detener el baño de sangre en Nicaragua. Se trata de una crisis de derechos humanos más grande que muchas de las que están acaparando titulares en todo el mundo.