Los crímenes cometidos durante el régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay siguen impunes a poco de los 25 años de su caída porque, según representantes de las víctimas, los sectores políticos y económicos que se beneficiaron con la dictadura siguen en el poder.
Al contrario que en otros países del Cono Sur, en Paraguay nunca hubo una ley de amnistía, al tiempo que los abusos están muy bien documentados gracias a más de dos mil testimonios y a tres toneladas de archivos oficiales que detallan violaciones de los derechos humanos en su territorio y en naciones vecinas. Aun así, mientras en países como Argentina y Chile hay investigaciones activas sobre delitos durante sus respectivas dictaduras, en Paraguay los procesos están parados desde hace décadas.
Uno de ellos lo inició Martín Almada con una demanda que interpuso en mayo de 1989, pocos meses después de la salida de
Stroessner el 3 de febrero del mismo año por un golpe de Estado orquestado por su consuegro, lo que puso fin a casi 35 años de gobierno, el más longevo de la historia de América latina. Almada fue detenido por "’terrorista” por un estudio que escribió sobre educación y su mujer murió de un ataque al corazón tras escuchar por teléfono cómo lo torturaban y recibir su ropa ensangrentada.
Al contrario que en otros países del Cono Sur, en Paraguay sigue gobernando el Partido Colorado, conservador, que fue uno de los pilares del régimen militar al convertirse en un mecanismo de control político cuyos tentáculos llegaban hasta la última esquina del país, según el historiador Andrew Nickson. En 1986 tenía oficialmente 1,3 millones de miembros, de un total
de 1,4 millones de votantes. El control era tal que los torturadores no ocultaban el rostro y los funcionarios del régimen dejaban registros en papel de sus violaciones a los derechos humanos, muchos de los cuales formaron los llamados "’Archivos del Terror”, encontrados por Almada en 1992.
La Comisión de Verdad y Justicia (CJV) comprobó la existencia de 425 ejecutados o desaparecidos durante la dictadura y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de torturas. Se cree que 10.000 de esos presos políticos pasaron por una casa común del centro de Asunción donde operaba la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, incluido Almada. Hoy es un lugar solitario, silencioso y espeluznante llamado el Museo de las Memorias, en el que se exhibe una picana usada para dar choques eléctricos, las varas para las palizas y una bola con púas para reventar espaldas. Cuando los guardas ponían la música al máximo, para ahogar cualquier otro ruido, los detenidos sabían que uno de ellos sería torturado.
(*) Agencia EFE, Asunción.