Dos proyectos que avanzan en la Cámara de Diputados de la Nación tienen a San Juan o a sanjuaninos en el centro de la escena; uno 'bueno' y otro 'malo', si se me permiten las calificaciones. En el primer casillero ubico al que denominaría a esta provincia, entre otras, como zona fría, valoración que provocaría una importante disminución del costo de la boleta del gas, que está por las nubes como todos los servicios públicos. En el otro extremo de mi caprichosa calificación está la iniciativa que pretende declarar a la Estancia Los Manantiales como zona protegida del Ministerio de Defensa, lo que dejaría a buena parte de Calingasta sin desarrollo turístico, ganadero y minero. El último caso despertó reacciones políticas, ya que hasta el Gobierno provincial salió a rechazar la propuesta puertas hacia adentro y también públicamente, lo que implica una escalada importante. El del gas también tiene su costado político, y muy rico por cierto, porque viene impulsado desde hace tiempo por el ultrauñaquista Walberto Allende y fue levantado por Máximo Kirchner y Sergio Massa en momentos donde el Gobierno nacional se debate entre seguir la política K de los subsidios o no hacerlo, con el ministro de Economía 'Albertista' Martín Guzmán en contra. Más allá de cómo resulte todo, los proyectos exhiben la importancia de que cualquier gobierno provincial y sus legisladores nacionales manejen la misma sintonía a la hora de ejercer una defensa de los intereses de los sanjuaninos, o un potencial ataque, si es que la estrategia lo marcara. Ojo, buena sintonía no significa mismo partido político.


La iniciativa que pretende convertir a la Estancia Los Manantiales en reserva natural de la defensa, junto a otros 13 sitios del país, se convirtió en el primer roce público entre el Gobierno provincial y el nacional, luego de largos meses de excelente convivencia política. San Juan nunca recibió tantos funcionarios nacionales tan seguido, como ocurre con los que componen el gabinete de Alberto Fernández. A pesar de esa realidad en la gestión de Sergio Uñac hay preocupación porque entienden que la comunidad barrealina recibiría un duro golpe a su economía, ya que nadie podría continuar desarrollando el turismo, la ganadería y, por qué no, la minería en la zona que Defensa quiere intervenir. De hecho la semana pasada varios miembros de esa localidad decidieron salir a protestar para defender lo que consideran suyo por derecho de pertenencia, aunque bien saben que ese pedazo de cordillera le pertenece al Ejército argentino, organismo con el que se mantiene una excelente relación, por otra parte. Todos entienden que si esa zona es declarada reserva natural de la defensa, perderán acceso como ocurre con todos los parques nacionales que tiene el país. Eso desde lo económico, pero desde un costado más filantrópico si se quiere, la maniobra implica otro intento del Estado nacional para gobernar un pedazo de provincia, como ya ha pasado muchas veces en la historia muy reciente, y antigua también. Alrededor del Gobernador no le asignan mayor importancia al roce con un par de funcionarios nacionales y aseguran que no irán más allá de lo que ya se dijo. Uñac cuida por sobre todas las cosas su gobernabilidad, que depende en gran medida de los aportes de la gestión federal.

Exhibida la posición de la provincia, en Casa de Gobierno están expectantes por saber la opinión y posibles acciones de Daniela Castro, quien actualmente lidera una de las cuatro secretarías del Ministerio de Defensa, en este caso la de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. Castro llegó a ese cargo de la mano de José Luis Gioja y el ministro Agustín 'Chivo' Rossi y, si bien la sanjuanina no mantuvo hasta ahora estridentes roces con el uñaquismo, se conoce en el peronismo local que no pertenece al círculo de confianza de Uñac. Tampoco se sabe si puede interceder en algo con este problema, ya que hasta el momento Castro se mantuvo en silencio. Uñac confía, dicen, en que jugará a favor de los intereses de la provincia, aunque nadie puede afirmarlo. La iniciativa también tiene el OK del Ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabandié, como Rossi, otro del riñón de Cristina Fernández. Raúl Tello, secretario de Ambiente sanjuanino, ya le planteó a Cabandié el rechazo a la propuesta, pero se ve que mucho no lo escucharon porque el proyecto ya tiene despacho de comisión y todo indica que llegará al recinto en algún momento.


Será interesante, cuando eso ocurra, saber qué harán los legisladores por San Juan, tanto de la oposición como del oficialismo. Gioja promovió proyectos para convertir una parte de ese lugar en un centro turístico para esquiar y, además, por Manantiales pasa el Cruce de los Andes, iniciativa que defendió y que quedaría seriamente dañada si Rossi avanzara con el proyecto. Seguramente rechazará la iniciativa. También harían lo mismo Graciela Caselles, Francisco Godoy y Allende. Después están los macristas Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres, que no creo que quieran ganarse más enemigos en San Juan, pero tampoco se expresaron hasta ahora. 

Daniela Castro, secretaría del Ministerio de Defensa


Párrafo aparte para el silencio de la Cámara Minera de San Juan. Todos los actores salieron a defender Manantiales, desde el intendente Jorge Castañeda, la comunidad, también el Gobierno provincial y los concejales. Pero hasta este momento el aquelarre de empresarios timoratos que se reúnen cada tanto a comentar notas de este diario, siguen con la cabeza metida en el piso. Resulta increíble que su presidente, Mario Hernández, y el resto de los cómodos, tibios y millonarios miembros de la Cámara, no hayan emitido voz alguna. Parece que la tibieza va a ser el sello de Hernández. Una pena. Un desperdicio.


El proyecto de zonas frías implicaría para muchos vecinos de San Juan una disminución de entre el 30 al 50 por ciento en el costo final de la factura del gas. Allende empujó esa idea desde el minuto cero y ahora el proyecto quedó en medio de dardos entre el kirchnerismo y Martín Guzmán, pollo del Presidente. Es que el titular de Hacienda apunta a reducir los subsidios que planchan el precio de los servicios, pero recibe presión del kirchnerismo que le reclama dejar las tarifas como están o aplicarles un mínimo retoque, pensando en tener el menor impacto posible en las elecciones de este año, claves para el partido por los puntos del 2023. Todo bajo la atenta mirada del FMI que, obviamente, no está de acuerdo con aumentar los subsidios que hacen crecer el déficit y, en definitiva, dificultan que la Argentina cumpla sus obligaciones.


Estoy seguro que Allende nunca pensó que terminaría en medio de semejante pelea, y que lo único que buscó es tratar de bajar las tarifas. El peronismo que lleva en la sangre y que hasta exuda el exintendente de 9 de Julio, no lo deja analizar si el plan de subsidios del Gobierno argentino es bueno o malo o si filosóficamente está de un lado o del otro. Él sabe que la gente no la está pasando bien, se llena de pragmatismo y empuja una solución. Quien lo conoce sabe que lo único que lo mueve es su sensibilidad, por suerte.


En definitiva y más allá de cualquier interpretación política, lo importante es que todos estén en la misma sintonía y con un objetivo claro: defender al pueblo que los votó. Ahora nos dedicamos a analizar estos dos casos porque son noticia, están en el debate público, pero en realidad todo el tiempo nacen y mueren proyectos que perjudican o ayudan a los ciudadanos de ésta y de cualquier otra provincia. Lo importante siempre, es que más allá del color político que cada uno de los legisladores nacionales tengan, todos trabajen como lo que son: representantes de ciudadanos. El pueblo de Calingasta opinó, también los gobiernos municipal y provincial, veremos qué hacen los legisladores y la exdiputada Castro, quien puede convertirse en la heroína o la villana de esta historia, dependiendo de lo que quiera.