La inminencia de un nuevo año parlamentario acelera el ritmo vertiginoso de la agenda económica y política del país. El para muchos sorpresivo "understanding on policies”, alcanzado con el FMI, sobre el filo mismo del precipicio del default no alcanzó para aliviar el clima de la gestión de gobierno.
En este contexto, la posición de los gobernadores, tanto propios como ajenos, vuelve a ofrecer un frente de apoyos consistentes, que bien puede llegar a ser el reaseguro de gobernabilidad indispensable para acuerdos externos de largo plazo, como pueden ser tanto el memorándum de entendimiento con el FMI, el paquete de iniciativas firmado en Rusia y en China y hasta incluso el cronograma de metas a que obligará la nueva invitación de la OCDE.
El país federal se perfila como instancia de fortalezas y seguridades que el sistema político tarda demasiado en proveer. De allí que la agenda federal, una de las grandes asignaturas pendientes, vuelva al primer plano.
La posición de los gobernadores vuelve a ofrecer un frente de apoyos consistentes en la vertiginosa agenda política y económica del país, y en el marco de un federalismo paralizado.
El punto de partida para entender la magnitud del esfuerzo a desarrollar es entender que la Argentina, como muchos países del continente, padece un severo déficit de instituciones, normas, estándares, procesos, procedimientos, instancias arbitrales que permitan activar la estructura federal. Si bien el nuestro es uno de los federalismos más antiguos del mundo y, al mismo tiempo, uno de los que mejor ha receptado, en el plano de las normas y de las decisiones jurisdiccionales, los cambios que van desde el federalismo dual clásico al moderno federalismo de concertación, lo cierto es que, en los hechos, es un federalismo paralizado.
Los resultados están muy lejos de la promesa federal. Revelan una asimetría extrema en los recursos y posibilidades, fruto de un largo proceso de deterioro y de la instalación de un centralismo de larga data. No podría explicarse sin reparar en la incidencia de una larga cultura autoritaria, abonada por interrupciones de la vida institucional del país y, ya en democracia, por la consolidación de una cultura autoritaria, producto de combinación entre un hiperpresidencialismo ineficaz, cultivado desde el centralismo tradicional de los principales partidos históricos.
A pesar de los avances institucionales de la reforma constitucional de 1994, siguen sin existir burocracias especializadas y entrenadas, incapaces de asegurar su propia subsistencia por sobre el juego pendular de la política electoral.
A pesar de los años transcurridos desde la transición democrática, el país carece de instancias de relación horizontal entre los gobiernos. No existen tampoco espacios formales que permitan consensuar políticas transversales y evitar así la controversia permanente y la tendencia perniciosa a la judicialización de las controversias. A diferencia del federalismo que funcionan en el resto del mundo, el país carece de mecanismos de arbitraje y conciliación. Sólo cuenta con mecanismos judiciales de resolución de conflictos. Es decir, con instrumentos que más bien profundizan los conflictos.
Por Enrique Zuleta Puceiro
Profesor Titular Ordinario de las cátedras de Teoría General del Derecho y de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.