La dictadura de Nicaragua, que lidera Daniel Ortega, cerró en las últimas horas las dos filiales locales de la ONG Cáritas y dos universidades ligadas a la Iglesia católica, al privarlas de personería jurídica por "incumplimientos" de leyes, un día después de tomar la misma medida con los principales gremios de empresarios. El Ministerio de Gobernación publicó en el diario oficial La Gaceta, las cancelaciones de la personería a la Universidad Juan Pablo II, con sede en Managua y otras cuatro ciudades, y a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), con sede en León y otras cinco ciudades. La cancelación fue decretada "por estar en incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan", según la resolución firmada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch. Ambas universidades "han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro" del Ministerio, indica la resolución, según la agencia de noticias AFP.
Los estudiantes de ambas instituciones serán integrados en otras universidades y sus bienes serán traspasados al Estado, según el reglamento de la Ley 1115 sobre organismos sin fines de lucro.
Las autoridades de las dos universidades tendrán que entregar al Consejo Nacional de Universidades (CNU) toda la "información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones (Registro Académico)".
La crisis política iniciada en 2018 con una serie de protestas callejeras contra la dictadura izquierdista, dejó más de 400 ciudadanos muertos y centenares de heridos y detenidos.
CANCELAN PERSONERÍA JURÍDICA
Asimismo, el Ministerio de Gobernación canceló más tarde la personería jurídica de Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega, las dos filiales locales de la ONG católica Cáritas, según el diario local La Prensa y la agencia de noticias Europa Press.
Ayer, el gobierno retiró la personería a 18 asociaciones empresariales, entre ellas el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que aglutina a otras cámaras patronales.
La resolución, también publicada en el diario oficial, canceló la personería a prácticamente todas las asociaciones empresariales del país. De acuerdo con el texto de la medida, las entidades afectadas "no completaron el proceso de convalidación de registro" y presentaron "inconsistencias en la información" de sus estados financieros, sin detalles de ingresos y gastos o sin soporte de ellos.
MÁS SANCIONADOS
Entre las instituciones sancionadas figuran las asociaciones de Exportadores de Café, de Productores Agropecuarios, de la Industria Textil y Confección, así como las cámaras de Urbanizadores, de la Construcción, de Pesca, de Microfinanzas, de Comercio y Servicios, de Industrias y de Turismo.
El Cosep acompañó la gestión del presidente Daniel Ortega desde que este volvió al gobierno en 2007, pero se distanció a partir de la crisis política iniciada en 2018 con una serie de protestas callejeras cuya represión dejó más de 400 muertos y centenares de heridos y detenidos.
El presidente del Cosep, Adán Aguerri, fue detenido en 2021, en el contexto de una ola de arrestos que llevó a más de 200 opositores a la cárcel, mientras el gobierno iniciaba el cierre de más de 2.000 organizaciones no gubernamentales. Aguerri, de 62 años, fue uno de los 222 opositores a los que el gobierno de Nicaragua excarceló, deportó a Estados Unidos, les quitó la nacionalidad y confiscó sus bienes el 9 de febrero pasado. En agosto de 2022 había sido condenado a 13 años de cárcel por traición a la patria. El 3 de febrero pasado, el gobierno canceló la personería jurídica de la Asociación de Bancos Privados y otras 16 asociaciones empresariales. Estas decisiones se suman a otras medidas del Gobierno de Ortega que le han valido el aislamiento internacional.
Por agencias Reuters, AFP y
Redacción DIARIO DE CUYO