La histórica decisión de los 34 países que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA) de levantar la suspensión de 1962 a Cuba, fue la parte fácil. Ahora viene el verdadero reto: hacer que la OEA le exija a la dictadura de Cuba que respete las cláusulas de democracia de la organización para que la isla se pueda reintegrar a la institución. Eso no se resolverá a corto plazo, y ustedes y yo lo sabemos.

A menos que el régimen militar de Cuba decida permitir que se celebren elecciones libres, o que el gobierno de Barack Obama decida olvidarse de sus promesas de luchar por la democracia en las Américas, la decisión del miércoles de la Asamblea General de la OEA no hizo mas que posponer el debate sobre la readmisión de Cuba a la organización.

Según el acuerdo de consenso, aplaudido por todos los países miembros -incluido Estados Unidos- como un logro "histórico", la OEA levantó la suspensión de cuatro décadas contra Cuba, y comenzó un proceso para invitar a La Habana a reintegrarse al grupo sobre la base de las "prácticas, propósitos y principios" de la entidad.

Aunque la decisión fue una victoria propagandística para Venezuela, Ecuador, Nicaragua y otros países admiradores del régimen cubano, y aunque el gobierno de Obama hizo bastantes concesiones en sus esfuerzos para establecer condiciones al levantamiento de la suspensión, el resultado final dependerá de cómo se interprete esta decisión.

La resolución final -además de acordar el levantamiento de la suspensión a Cuba-, establece que "la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, propósitos y principios de la OEA".

Según funcionarios de EEUU, esto significa que para que Cuba pueda volver a ser un miembro pleno de la OEA, tendrá que acogerse a la Carta Democrática, que exige que los Estados miembros se guíen por los "elementos esenciales de la democracia representativa". La Carta es muy específica, el Artículo 3 dice que estos "elementos esenciales" incluyen "el respeto a los derechos humanos", realizar "elecciones periódicas, libres, justas y secretas", así como tener un "sistema pluralista de partidos políticos".

El presidente de Cuba, Raúl Castro, y su hermano Fidel, que todavía tiene gran poder en la isla, han dicho repetidamente que no permitirán partidos políticos, elecciones libres, ni libertad de expresión. Para protegerse de presiones democráticas, los generales cubanos han dicho que no quieren pertenecer a la OEA, alegando que la institución es un "títere del imperialismo yanqui".

Pero los países latinoamericanos pueden interpretar el acuerdo de otra manera, y decir que Cuba ya está cumpliendo con los principios generales de la OEA, y que la ausencia de elecciones libres no es una infracción mayor que el embargo comercial estadounidense a la isla.

Los países latinoamericanos y caribeños elogiaron la decisión de la OEA. "Hoy es un día histórico y un día de regocijo para todos los americanos", dijo el canciller argentino Jorge Taiana en la reunión. "Hemos terminado con un anacronismo".

Pero los grupos de derechos humanos y partidarios de la democracia señalan que el verdadero anacronismo es la negativa de Cuba a permitir el libre acceso del pueblo a Internet, a permitir que los cubanos se expresen libremente, o que puedan afiliarse a sindicatos o partidos políticos independientes.

Mi opinión: El gobierno de Obama debe usar esta medida para montar una gran ofensiva diplomática que presione a la dictadura cubana y permita libertades fundamentales. Si Obama no aprovecha su popularidad en América latina y sus ramas de olivo hacia Cuba y esta se reintegra a la OEA, sus críticos republicanos tendrán razón para acusarlo de abandonar la promesa de campaña del 23 de mayo de 2008, cuando afirmó que "nunca, jamás, comprometería la causa de la libertad" en Cuba. Ojalá que Obama demuestre que sus críticos están equivocados.

"NO ME OPONGO al levantamiento de la suspensión contra Cuba, pero Obama debe usar la medida de la OEA y presionar a la dictadura para que permita libertades fundamentales.