En la política existe una marcada tendencia a los cambios bruscos de rumbo. Ese zarandeo pendular hacia los extremos, de izquierda a derecha y viceversa, se observa nítido en las elecciones de este domingo en Colombia y las próximas en México.

En Venezuela la oscilación hacia la izquierda todavía no ha terminado. Pese a la farsa electoral y a que pocos gobiernos reconocen su triunfo, Nicolás Maduro se ha legitimado a sí mismo. Tras el nuevo autogolpe, aparenta que seguirá en dirección hacia el modelo cubano. Ya dio varios pasos en esa dirección. Cerró el Congreso elegido por el pueblo y creó una Asamblea Constituyente de facto que legalizará cualquier reforma constitucional a su antojo.

La reforma servirá para sostener en palabras las barbaridades que el régimen comete en la práctica, como quedó demostrado en las elecciones recientes y lo advirtió el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Proscribirá a los partidos políticos, mantendrá la hegemonía de partido oficial y conservará un Congreso decorativo. Venezuela será Cuba.

Que existe crisis humanitaria, inflación atrofiante, deuda impagable, corrupción impune, sanciones y expulsión de organismos multilaterales, fuga de capitales y cerebros... ¡por supuesto! Pero Maduro razona distinto: ¿Acaso Cuba no sufrió todo eso por seis décadas y todavía está ahí, mísera pero incólume; y respetada por China y Rusia, potencias que también reconocieron su triunfo?

A Maduro ya no le importa que lo califiquen de dictador, que lo aíslen o sancionen. Desatornillarlo del poder requerirá otras armas.

Otra oscilación, aunque menos brusca y en dirección contraria, la ofrece Ecuador. El presidente Lenin Moreno nombró a un nuevo ministro de Economía, el empresario Richard Martínez, liberal y alejado de la doctrina correísta que desembocó en una rampante deuda pública y en profunda corrupción.

Moreno sigue enfocado en distanciarse de Rafael Correa, de quien fue su vicepresidente en el primer período de gobierno. Ordenó retirarle una onerosa custodia en Bélgica donde reside como expresidente; lo inhabilitó para volver a la Presidencia a través de un referéndum que prohibió la reelección por más de dos períodos y lo mantiene inquieto con investigaciones sobre corrupción, con las que eliminó a varios resabios correístas del Palacio y encarceló al último vicepresidente de Correa, Jorge Glas, por recibir sobornos de Odebrecht.

Sin embargo, el golpe más duro se lo dio en estos días cuando envió al Congreso una reforma a la Ley de Comunicación, el instrumento maquiavélico creado por Correa para silenciar a los medios y a la oposición.

La reforma legislativa no es la panacea para el periodismo; todavía contiene varios elementos "marca" Correa, quien creía que la información, las opiniones o el pensamiento deben ser regulados y autorizados por el Estado. La reforma no evita que el gobierno pueda seguir entrometiéndose en los contenidos, aunque no al nivel de Correa, que no permitía a los medios tener otros negocios, informar sobre desastres naturales antes que el gobierno o que multaba a los que omitían informar lo que él consideraba importante, básicamente todos sus actos públicos.

El cambio no es suficiente, pero va por buen camino.