El periodista y escritor Gerardo "Tato" Young publicó el año pasado un libro al que llamó "El libro negro de la Justicia" en el que relata sin piedad el nivel de servilismo de la Justicia Federal hacia la Presidencia y el resto del poder político nacional de turno. Utiliza la carrera de la jueza María Romilda Servini como para apoyarse en un personaje, pero el relato involucra a los doce juzgados federales que tienen asiento en la famosa calle Comodoro Py, en Retiro, Capital Federal. El libro es un cachetazo directo a la credibilidad del sistema judicial: reuniones secretas, descarados operadores políticos entrando y saliendo de los juzgados, jueces millonarios y extravagantes, resoluciones caprichosas, causas dormidas, expedientes llamativamente resurgidos y agentes de inteligencia de estrechas relaciones en el poder político dominando los despachos de los magistrados, entre otras, son algunas de las pruebas de las que se toma Young para sostener, sin fisuras, el temible resumen que presenta. Nada que el común de la gente no haya elaborado al menos de manera superficial alguna vez, pero ahora enhebrado con precisión periodística envidiable. ¿Y por casa cómo andamos? Fue la primera pregunta que me vino a la cabeza al comenzar a leer las barbaridades que se describen en ese libro.

El Poder Judicial sanjuanino ostenta una ristra de macanas de las que logró zafar gracias a la ayuda de los poderes políticos anteriores. Esa ayuda ya no existe, lo que es muy bueno para la salud del Poder Judicial, pero insuficiente para lograr la calidad de Justicia que hay que tener. Los nuevos protagonistas del actual escenario político aún tienen que probar que son capaces de corregir aquéllas décadas de complicidades. Mañana empieza otro concurso para elegir cortista, en este caso, al reemplazante de Juan Carlos Caballero Vidal y si bien Sergio Uñac no se equivocó con Guillermo De Sanctis, todavía la comunidad judicial espera señales más "puras" del jefe del Ejecutivo. De existir, se impone apoyar a una profesional de conocimientos y prácticas más acordes a los tiempos que se viven. Sin vinculaciones con el poder político de turno. No es fácil, pero son desafíos que el uñaquismo deberá ir asumiendo.

Para ejemplificar la corrupción que describe Young, el periodista relata cómo la jueza Servini zafó el año pasado de la jubilación que ya le corresponde hace rato. Según ese relato, el martes 4 de abril se reunieron los miembros del Consejo de la Magistratura para decidir el futuro con los jueces de más de 75 años que ya tienen que pasar a retiro, entre ellos, Servini. Mientras transcurría esa reunión, alguien se comunicó con la jueza para decirle que los consejeros estaban tratando su caso y que muy probablemente iban a definir su salida. Eso fue a las 15. Efectivamente, de los trece, siete consejeros votaban en su contra. Pero dos horas más tarde y mientras la octogenaria trataba de digerir el mal trago, le volvió a sonar el teléfono. Era el presidente de Boca y operador estrella del macrismo en los tribunales federales, Daniel Angelici. Según el libro, Angelici había logrado torcer la voluntad de los consejeros y Servini podía seguir ocupando sus dos juzgados; el federal y el de competencia electoral, los mismos que la convierten en una de las personalidades de mayor poder dentro de la Justicia Federal Argentina. En el año 2003 Servini intervino en el secuestro de Florencia Macri, media hermana de Mauricio, y desde allí la magistrada y el hoy Presidente cultivaron una amistad cuyos frutos cosechó Servini recién el año pasado. En aquél secuestro el papel de la magistrada fue clave, según relatan los diarios de la época. Evidentemente aquél buen desempeño le valió estirar ahora su poder algunos años más. 

¿Y acá?

En la gestión anterior, y hablando específicamente de San Juan, muchos pensaban que el rol de operador del poder de turno en los juzgados provinciales lo cumplía el abogado Rubén Pontoriero. A la distancia, una especie de Angelici sanjuanino. Muchos letrados aún lo dicen, aunque nunca se supo con certeza si Pontoriero cumplió ese rol, o si todo fue un mito devenido de la relación que forjó el abogado con el exgobernador José Luis Gioja, a quien asesoró en varias ocasiones. No sólo a él, también a los amigos del exgobernador. Pontoriero, por ejemplo, fue abogado del exministro de minería Felipe Saavedra, a quien una mujer de 26 años acusó de abuso sexual. Saavedra zafó. 

Otro peso pesado fue Luis Recio, el exsecretario Administrativo de la Corte, quien abandonó su silla con una condena social a cuestas, pero libre de culpa y cargo tras haber sido investigado por intentar favorecer a una postulante en un concurso de ingreso del Poder Judicial, en el año 2005. Los pasillos de Tribunales le atribuían más poder que los miembros de la Corte de Justicia, incluso. Era el que hilaba fino en las causas, el que recibía los llamados y los gestionaba dentro de Tribunales. De él no hay dudas. Operó y, probablemente, aún lo siga haciendo. Hay "secretos" que lo protegen, según él mismo le dijo alguna vez a un colega en una discusión de café.

Y tal vez el mayor escándalo judicial de San Juan lo hayan protagonizado los jueces que trataron la megacausa de expropiaciones. Cataratas de inhibiciones y demoras en una investigación que puso patas hacia arriba a todo el edificio 25 de Mayo. Todos los involucrados, algunos procesados pero ninguno en prisión, eran conocidos o habitués del ambiente judicial. Ningún funcionario judicial se atrevía a juzgarlos. La gran mayoría actuó bajo un corporativismo negativo, orillando el delito. Miles de millones de pesos le sacaron a la construcción de casas o a las ayudas sociales y fueron a parar a las cuentas de abogados y abogadas a quienes, de cuando en cuando, se los ve pasear por los cafés de Tribunales o en viajes al exterior.

Hay expedientes menos escandalosos, pero que también llaman la atención: el caso Alfredo Castillo-Guillermo Adárvez donde se sospechaba que la amistad del exdiputado con el juez bloquista del tercero de Instrucción permitió una rápida y probablemente ilegal detención de un joven acusado de abuso. Esa investigación fue un combo explosivo de venganzas entre abogados y funcionarios judiciales, que terminó en nada. Todos hicieron algo más de lo que les correspondía con tal de perjudicar al rival. Incluso movieron hilos en altos cargos del Poder Judicial. No importaba la Justicia, importaba la venganza, las diferencias personales.

Y no hay que olvidarse de los extraños vaivenes de la causa del bodeguero acusado de abusar de su hijo y de dos hijos de su expareja. En esa investigación, la Sala II dio una llamativa marcha atrás luego de la presentación de un recurso. Para no aburrir con tecnicismos, se puede decir que a pesar de que casi no hay dudas de que el bodeguero cometió los abusos, los recursos de los abogados y la permisividad de los jueces de la Sala II van permitiendo que el acusado empiece a respirar y a soñar con una condena leve. La defensa del empresario cuestionó la Cámara Gesell, un sistema que se usa en todo el mundo y que es la base de la acción judicial con menores en San Juan. Todo ese caso genera dudas.

Por todo lo descripto más arriba, es necesario que el concurso para elegir al nuevo Ministro de la Corte de San Juan sea lo más alejado de pretensiones políticas que se pueda. No estaría mal al menos un voto desinteresado de apetencias partidarias o compromisos con los poderes de turno. ¿Se puede hacer con este sistema? Probablemente no. Pero es el sistema que funciona actualmente. La llave de todo lo tiene el Ejecutivo. No se equivocaron en el apoyo a De Sanctis, pero se puede seguir dando señales de que hay una época distinta. Si hay algo que ha hecho bien la gestión de Uñac es construir en positivo junto a los pocos integrantes del Poder Judicial que quieren trabajar.

Por ahora, se anotan estos postulantes: Adriana Tetamanti, Juzgado Contencioso Administrativo; Gladys Rubia, del Quinto Juzgado del Trabajo; Patricia Sirera, Defensora de Menores; Daniel Olivares Yapur, Camarista Civil Sala Tercera o la expresidenta del Foro de Abogados, Marianela López. Ellos se presentan con seguridad. Hay otros que lo analizan, pero casi con seguridad se anotarán: Juan Jose Victoria, Camarista Civil de la Sala Primera; el abogado Miguel Arancibia y el constitucionalista Victor Bazán.

Por ahora, se quedan afuera sin presentarse: Alejandra Dománico, Juez de Paz; Oscar Cuadros, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo y Alberto Bloise, uno de los abogados de mayor renombre en la provincia.