Nada volverá a ser lo que fue antes de la pandemia del Covid-19, que ofrece consecuencias multidimensionales. Los cambios serán numerosos y en un amplísimo rango que va desde el simple modo en que nos saludamos, hasta el modelo de configuración de un nuevo orden mundial.

La grave emergencia que transitamos no puede ser afrontada de espaldas a los principios democráticos ni a las normas constitucionales y convencionales, salvo con más y mejor democracia. Pero también, con gobiernos responsables y transparentes, respeto por los derechos básicos como la libertad de expresión, y el activo involucramiento de las ONG y la sociedad civil.

La pandemia no genera simplemente problemas socioeconómicos y financieros, sino una crisis humana que corre el riesgo de transmutar en una crisis estructural de derechos fundamentales. Con más de 100 días de cuarentena, al 28 de junio de 2020 se reportan en el país 1.232 fallecidos a causa del virus. No es una cifra menor ni una fría estadística.

Se habla de adaptarse a la "nueva normalidad", cuando quizá sea más conveniente aludir a una "nueva realidad" a la que deberemos adecuarnos y, para ello, reeducarnos. Aunque parezca sólo un "premio consuelo", es importante convertir esta crisis en una oportunidad de cara al futuro.

El derecho posee un gran potencial transformador, lo que juega a nuestro favor. Siguiendo a Zagrebelsky, el derecho dúctil o maleable es considerado no como un "dato", sino como un incesante "hacerse" a través del contacto con la realidad viva de las experiencias sociales.

Es un falso dilema plantear si debe prevalecer la economía o el derecho a la salud. Necesitamos de ambos para subsistir, ya que tienen mucho por aportar en estos tiempos tan oscuros.

Si bien el coronavirus no discrimina, sí lo hacen los efectos directos e indirectos que ocasiona, exhibiendo sus rasgos más sombríos.

El gasto público en protección social constituye una inversión trascendental cuyos efectos se proyectarán hacia los años futuros.

Existe un nexo muy intenso entre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (también los derechos civiles y políticos), sus contenidos esenciales y la dignidad inherente a la persona y los grupos humanos, fundamentalmente poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, correspondiendo adoptar en su favor medidas inclusivas de acción positiva.

La pandemia no genera simplemente problemas socioeconómicos y financieros, sino una crisis humana que corre el riesgo de transmutar en una crisis estructural de derechos fundamentales.

Las políticas públicas deben ser pensadas, articuladas, implementadas y monitoreadas siempre en clave y con enfoque de derechos humanos, sin perder de vista valores y principios como la igualdad, la justicia social, la solidaridad y la dignidad individual y social, eje alrededor del cual gira todo el modelo protectorio de derechos, libertades y garantías.

Corresponde desactivar cualquier intento por adoptar medidas regresivas que atenten contra los derechos esenciales. Si bien algunos discursos tratan de justificarlas, es en tiempos de emergencias y/o crisis sanitarias, económicas y financieras cuando más intensamente las personas y colectivos excluidos precisan que sus derechos sean efectivamente realizados.

En cuanto al trinomio salud, pobreza y desarrollo económico, la OMS entiende que invertir en la salud es una manera de estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza. 

Sin duda, nos enfrentamos a un reto descomunal de magnitud sistémica que, como tal, demanda esfuerzos colaborativos. La pandemia desafía e interpela a la humanidad toda, porque nadie se salvará solo. 

Por Víctor Bazán
Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos UCCuyo y de Posgrado.