De los economistas privados que se presentan en el circuito nacional de gurúes rentados, Juan José Llach es de los que más se muerde la lengua.
Lo demostró esta semana en San Juan, donde le alcanzó un paso fugaz de pocas horas para demostrar una gran capacidad de adaptación dialéctica entre deslizar los clásicos cuestionamientos a la marcha económica pero sin tensar demasiado la cuerda. También, para no incomodar demasiado al cliente, justamente el gobierno local que lo contrató para hablar de las penurias de las provincias sin ser ellos los que pongan la firma.
De formación ortodoxa, ex funcionario del Menem y Cavallo en los ’90 y de De la Rúa en los 2000, Llach aparece siempre bien lejos del pensamiento de los economistas que caen bien en el poder. Pero, conocedor al fin del paño en el mercado de conferencias, amortigua sus apreciaciones de acuerdo al auditorio como suelen hacer muchos de sus colegas.
Pasó Llach de la embestida frontal en el reciente coloquio de IDEA -donde de todos modos pareció Heidi al lado de Daniel Artana, quien desafió: "el peor problema de la economía argentina es Kirchner"- a la visión propositiva sobre "los problemas a resolver" por el país, en lugar de la terminología apocalíptica a la que suele apelar el gremio.
Igual fue convocado para darle relieve a uno de los principales problemas de la economía doméstica en los próximos años: un Estado nacional superavitario y provincias fundidas.
En el universo de los distritos nacionales hay buenos alumnos, de los que sólo cumplen y los peores del curso. Desfilaron por San Juan exponentes de todos los colores, con la ausencia con aviso de la desquiciada Buenos Aires, cada vez con mayores problemas y menos soluciones a la vista.
Aún para las más prolijas, dispongan o no dispongan de recursos extra coparticipación como las regalías hidrocarburíferas, el denominador común fue el estado de quebranto general como consecuencia de un panorama desalentador y en proceso de deterioro. El combo es el siguiente: El endeudamiento de las provincias está nuevamente llegando a niveles de asfixia, la recaudación nacional está en picada, el porcentaje de impuestos coparticipables es cada vez menor y las recaudaciones provinciales marchan al ritmo de la crisis.
Algo hay que hacer. Especialmente en el punto uno del cuadro anterior, teniendo en cuenta que el principal acreedor de las provincias es el gobierno nacional. Pero la realidad es que precisamente ese factor es un fenomenal proveedor de alegrías para la Nación porque es el que más aportes hace al cuadro de dependencia financiera que casi siempre los K traducen en sumisión política.
Y ese camino siempre termina en necesidades provinciales, gestos nacionales y manos alzadas en el Congreso, más aún en estos tiempos de batallas parlamentarias intensas. Habrá que descartar, entonces, que el poder central disponga de voluntad por aflojar esa soga en los cuellos provinciales, que éstas siempre endosan a legisladores que dicen obrar en función de aquellos "intereses".
¿Hubiera sido posible, por ejemplo, torcer la voluntad de la senadora correntina que sorpresivamente pasó de rechazar a apoyar la ley de medios?. Anahí Sánchez explicó que el cambio de criterio fue un "pedido del gobernador", y el gobernador Arturo Colombi se había reunido con Néstor Kirchner para solicitar fondos con los que pagar los sueldos. La cadena de favores está cantada y su principal combustible es la pobreza extrema de las cuentas provinciales.
Que cada vez es más evidente. Y en cuya solución tendrán mucho para decir los más importantes: Buenos Aires concentra más de un tercio de los pobladores del país y en algún momento deberá desatarse del yugo, por más que Scioli prefiera una y otra vez la prolijidad.
Desapoderado del fondo de compensación que Duhalde había negociado con Menem en los ’90 (2 millones de dólares diarios bajo criterio de contener los bolsones de pobreza que llegan desde el interior), la provincia de Scioli comenzó en los últimos dos años a padecer con mayor crudeza el ruido de la moneda en el tarro.
La reducción de los porcentajes coparticipables -que pasaron del 45% hace 6 años al 32% este año- no fue un problema porque siempre es mejor tener 3 partes de 10 que 5 partes de 6. Las provincias ni pestañearon porque los volúmenes a distribuir fueron hasta el 2007 tan generosos que les permitieron presentar balances superavitarios a la mayoría, como nunca lo habían hecho en mucho tiempo.
Pero empezaron los problemas cuando la torta a repartir se redujo, y los porcentajes se mantuvieron bajos. Por generosidad un tanto de la crisis mundial y otro tanto de la desorientación de la administración económica nacional, la recaudación de impuestos de los que se coparticipa -IVA y Ganancias- bajó bruscamente. Agosto marcó un superávit de sólo $539 millones que es el más flaco del año, un 70% menor al del año pasado. Si no figuraran allí los ingresos por la estatización del Anses, el superávit ya sería parte del pasado.
El efecto termina derramando impiadosamente sobre las provincias. En proporción, estos recortes impactan sobre sus tesoros, que sólo tienen para compensar algún recurso extraordinario -petróleo- o su propia recaudación. Pero ingresos brutos, el principal tributo provincial asociado al comercio, también muestra curvas oscilantes. San Juan es una de las provincias en las que menos cayeron las ventas: en agosto hubo un asombroso repunte, pero en setiembre hubo una asombrosa caída. ¿Cuál es la tendencia? En cambio, la presión salarial en las provincias no se detiene.
Con un agravante: para compensar esa pérdida de ingresos, la Nación dispone de algunas cajas extraordinarias, cuestionables, pero recursos al fin. Cerrado el grifo del FMI -financiamiento barato pero políticamente exigente-, el tesoro nacional apela a la obra social de los jubilados como si fuera un banco. Y al Anses, al Central o al Nación. De acuerdo con un informe del diputado Claudio Lozano, este año cerrará con "préstamos" de $12.500 de la Anses, $10.900 del Banco Central y $8.300 del Nación, además de una letra colocada en el PAMI por $423 millones. En cambio, las provincias deben ir a mostrar la palma de la mano a papá Nación.
¿Qué hacer? Reunidos en San Juan esta semana, varios ministros de Economía provinciales coincidieron en que la "generosidad" del fondo sojero a las provincias es un parche, como tituló el local Aldo Molina. También lo será una cesión mayor del impuesto al cheque -el 85% en manos de la Nación- o el permiso a las provincias para endeudarse.
Juan Llach propuso desandar el camino de los pactos fiscales de los tiempos de Cavallo, en que las provincias cedían ante la Nación sus facultades de recaudación. Se inclinó, en consecuencia, por una reforma de fondo en que la Nación entregue esas facultades, aunque el término correcto debería ser "devuelva". Y que sean las provincias las encargadas de recaudar, y atarse a su propio destino.
Chocolate por la noticia. El asunto es quién y cómo lo hará.