La iniciativa legislativa aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación viene a reformar sustancialmente el régimen de la oferta pública de valores negociables instituido por la ley 17811 que cuenta con más de 40 años. Y aquí aparece la primera verdad: siendo el mercado de valores uno de los puntos centrales de la economía, es imperante adaptarlo a la realidad, con otra dinámica de intercambio y la redefinición de roles de los agentes participantes. A su vez, se ha discutido mucho acerca del papel de uno de esos agentes, la Comisión Nacional de Valores (CNV) organismo autárquico en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero con cierta independencia operativa donde no rige un principio de jerarquía, sino de tutela. Ahora bien, ¿por qué se generó tanta polémica en torno a la CNV y al proyecto de ley? Y ¿es razonable la nueva normativa?
La oferta pública de valores negociables toca una fibra sensible de la economía y las finanzas. Un sector históricamente asociado a nociones liberales. Pero el liberalismo económico-financiero implica nula o poca participación estatal, porque entiende que su influencia es negativa para el normal desarrollo de los negocios. No obstante, la historia también enseñó que la regulación estatal es positiva y necesaria, en especial para evitar descalabros como la crisis de los años ’30 y para luchar contra delitos como el lavado de dinero.
Precisamente, la crisis financiera de 2008 pudo ser evitada de haberse realizado los debidos controles sobre la actividad privada. A todos los Estados les interesa promover condiciones para incrementar la actividad privada, componente clave de la economía general. Sin embargo, si la actividad privada afecta o pudiese afectar nocivamente a la economía y las finanzas nacionales, resulta lógico que el Estado intervenga con tareas de prevención o corrigiendo las desviaciones.
Pero, como se explicó, el rechazo de la actuación estatal en la economía es tan sólo un mito. Porque a pesar de ello, quienes defienden la limitación o prohibición de la participación del Estado son, casualmente, los actores más influyentes y quienes más comodidad y ventajas obtienen de la desregulación.
Hoy a nadie escapa que el Estado vela por el interés público y debe intervenir en la economía para protegerlo, pese a las incomodidades que puedan acusar los diversos agentes privados.
El nuevo proyecto viene a hacer hincapié en las condiciones de control, como mero medio para fortalecer la transparencia y la eficiencia del mercado de valores, lo cual involucra ineludiblemente a los actores privados.
La crisis de 2008 encendió alarmas que deben ser escuchadas y que obligan a focalizarse en la supervisión de los sistemas financieros.
En paralelo, el nuevo esquema del mercado de valores nacional debe integrarse al mercado global. Noción que, por supuesto, no fue tenida en cuenta en los años "60 pero que ahora hace a la esencia de la actividad.
Descriptas las bases teóricas e ideológicas del proyecto, es conveniente adentrarnos en sus alcances concretos:
1ro.- El proyecto busca estrechar el vínculo entre el mercado de valores y el ahorro y la inversión. La idea es clara: un mercado sólido y confiable se presume con superior capacidad de captación de ahorro a nivel nacional. Y, al mismo tiempo, esto evita la fuga de capitales. Además, aporta más opciones para inversiones legítimas. Esto, a su vez, impulsa el crecimiento del país. 2do.- La eficiencia en el control requiere un organismo fiscalizador con facultades suficientes para consagrar esos cometidos. En este caso, la CNV, que trabajará en plena interacción con entidades privadas, pero resguardando primero la claridad y transparencia normativa y mercantil. 3ro.- Se fija como objetivo la apertura del mercado de valores. Este nuevo marco viene a facilitar el acceso y la gestión de los interesados, creando así nuevas oportunidades para pymes o emprendedores menores. 4to.- Se prevé la participación de universidades y otras entidades como agentes de calificadores de riesgos. Estos son quienes marcan el pulso del mercado como quedó demostrado con la crisis mundial de 2008, al calificar títulos por encima de sus valores concretos, lo cual potenció la burbuja crediticia en EEUU. Eso demostró que la pura gestión privada arroja resultados negativos. 5to.- Se establece el entrecruzamiento de información entre CNV, AFIP, BCRA y Superintendencia de Seguros. Esto, además de mejorar la fiscalización y colaboración, también conlleva la prevención de lavado de dinero y otros delitos. 6to.- El proyecto dispone la creación de sedes regionales de la CNV, las cuales podrán contar con amplias facultades, para invitar y buscar nuevos participantes, (pymes locales). Además, así se intentará aumentar la retroalimentación de información, la federalización del mercado de capitales y la reinversión regional. En ese sentido, el proyecto de ley expresamente prevé la posibilidad de delegación de todas las competencias de la CNV a las agencias regionales, excepto las sancionatorias.
La iniciativa legislativa viene, tan sólo, a ajustar de modo razonable el mercado a la nueva realidad y así perseguir, por sobre todo, el interés general.
(*) Diputado de la Nación.