El asesinato de Javier no es ni más ni menos importante que cualquiera de los otros cinco periodistas mexicanos acribillados este año o del centenar en la última década. Sin embargo, la talla cualitativa de sus historias, la honestidad de su labor y el respeto de sus colegas por denuncias contra el narcotráfico que volcó en libros de valiente denuncia, merecen que su caso se convierta en punto de inflexión, para que ayude a generar cambios y la profesión salga del oscuro submundo de la violencia y la impunidad. 

Es cierto que es tarea única y prioritaria del gobierno esclarecer el crimen, bajo la obligación estatal que la OEA definió como las tres P: Prevención, Protección y Procurar justicia. Pero ante la impericia, negligencia e ineficiencia históricas de muchos gobiernos mexicanos, los periodistas harían mal en esperar sentados. El gremio necesita asumir sus responsabilidades. 

En la historia del Periodismo latinoamericano existen casos como el de Javier que por haberse convertido en emblemáticos, sirvieron para crear conciencia y demostrar que el asesinato de un periodista tiene efectos devastadores para la libertad de expresión. 

Los casos de José Luis Cabezas en Argentina, Guillermo Cano en Colombia, Tim Lopes en Brasil, Hugo Bustíos en Perú, Jean Leopolde Dominique en Haití, Jorge Carpio en Guatemala fueron bandera de lucha del periodismo de esos países, ayudando a que se aquellos asesinatos no fueran en vano. Todos, medios de comunicación y reporteros, en solidaridad y con unidad, y en forma consistente, exigieron cambios, presionaron sin pausa y persistieron tozudamente en sus reclamos. 

La indignación, la frustración y la indefensión profesional se hicieron sentir en marchas al monumento al Ángel de la Independencia en Ciudad de México o en las plazas de Culiacán y Veracruz, en espacios pagados y titulares de los medios más prestigiosos, reclamándosele más determinación al Ministerio Público para administrar justicia. 

Todo ello marcha en la dirección correcta. Pero no es suficiente. Se necesita una estrategia consistente, creativa, sostenida en el tiempo y muy contagiosa (viral en esta época) como la realizada por los casos de Cabezas o Lopes hasta que se hizo justicia y marcaron un antes y después en la violencia contra periodistas. 

También hay que asumir la realidad de México. La Justicia por sí sola tampoco será un disuasivo automático para los violentos. La agresión contra el Periodismo es parte del contexto de una guerra intestina que suma mártires en todas las disciplinas y lugares. La violencia es un problema cultural. 

Mal se haría, sin embargo, en tomar esa guerra como la excusa para no hacer nada. El Periodismo mexicano hace mucho que se debe una institución propia y nacional para defender la vida de sus periodistas y la sostenibilidad de sus medios de comunicación. ADEPA y FOPEA en Argentina o Andiarios y la FLIP en Colombia son espejos donde imitar respuestas. 

El Periodismo mexicano tiene ahora la oportunidad de asumir sus responsabilidades y debe aprovechar que existen más instrumentos de lucha que antes. La federalización de los delitos contra periodistas, los sistemas de protección, el agravamiento de los castigos y el mayor apoyo social son mecanismos muy importantes, ineficientes y débiles por ahora, pero que pueden maximizarse y perfeccionarse para el bien de la profesión.