A esta altura de los acontecimientos, resulta impostergable la necesidad de dar una lucha frontal contra la corrupción. ¡Ya basta de lucrar con la función pública! No hago más que repetir lo que es un clamor de los ciudadanos bien intencionados, que son la gran mayoría. Los que están dispuestos a hacer un gran sacrificio para que se ordene la economía, pero que necesitan no verse defraudados por quienes administran los bienes que les han sido confiados.
Entonces es de transparencia de lo que vamos a hablar ahora.
En el año 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, se dictó la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que importó un significativo avance en cuanto a la promoción de la transparencia y participación de los ciudadanos, reconociéndoles su derecho a acceder a la información pública, en pos de fortalecer el principio de la publicidad de los actos de gobierno.
En ese entonces la Argentina, hasta ese momento mal considerado en sus índices de confianza internacional, subió 12 puestos en ese rango, y se convirtió en el quinto país que más creció, a partir de la sanción de dicha ley. De todos modos, seguía estando en una pobre ubicación, 95ª a nivel global y 8ª en el plano latinoamericano.
El éxito inocultable del gobierno en el rumbo económico que tomó, le hizo sentir que estaba en control de la situación y, tal vez, pecar de soberbia.
Informacion pública sobre los actos de gobierno
Pero en 2024, el decreto 780/2024 de la administración del Presidente Milei, restringió el acceso a la información pública de los actos de gobierno, además de la actividad privada, y parte de la pública, de los funcionarios. El Ejecutivo, a su vez, dejaba para si la discrecionalidad de qué actos eran de interés para la ciudadanía y cuáles no, para resolver sobre su publicidad. Un “tiro en los pies” que se dio el propio gobierno, pues constituyó un contrasentido con la filosofía del Estado Abierto, que se supone debe imperar entre los principios de Libertad que pregona.
Una política decididamente volcada a transparentar sus acciones, se hubiese ahorrado el bochorno en curso, sobre el uso de los recursos de la ANDIS, pues la publicidad estricta y oportuna de esas contrataciones con droguerías y laboratorios, y de toda otra contratación del Estado, las hubiese puesto al alcance y conocimiento de cualquiera, y evitado las eventuales maniobras de sobreprecios y licitaciones direccionadas, poniéndole un torniquete antes de que se produzcan.
Este Gobierno fue elegido, porque prometió luchar contra esa epidemia. Los ciudadanos comprendimos, aún a regañadientes, por qué se suspendía la obra pública, motivo de monumentales desfalcos en perjuicio del Estado, investigándose, entre otras, la famosa “causa cuadernos”, que habrá de reanudarse en noviembre. Como así las “destapadas de olla” en áreas del Ministerio de Capital Humano, el FISU, Anses (causa seguros, que tiene implicado al ex presidente Fernández), y otras que el lector recordará.
Con la publicidad sin restricciones de la actividad pública, se acabarían las suspicacias, morirían las “operetas” destinadas a fulminar la reputación de los funcionarios, y, por supuesto, del gobierno. Así como las denominadas “operaciones de inteligencia”, destinadas a perseguir funcionarios o adversarios políticos, y que tanto pueden provenir desde dentro o por fuera de la órbita de los entes oficiales. Así, todo es opaco. Todo es motivo de duda, “nadie sabe quién puede ser su enemigo”.
La corrupción es una amenaza a la democracia
En alguna ocasión hicimos referencia a libro “Como mueren las democracias”, y éste aspecto, el de la corrupción, es una de las amenazas más directas a la vigencia plena de los derechos de la población a vivir en paz, produciendo y dedicándose a mejorar su calidad de vida, confiando en sus dirigentes y la armonía de las instituciones.
El éxito inocultable del gobierno en el rumbo económico que tomó, le hizo sentir que estaba en control de la situación y, tal vez, pecar de soberbia. Liderando todas las encuestas, a pesar del ajuste, pareció decir “Ya no les necesito” a los que ayudaron, desde el Congreso, a que se concretaran sus planes. En una entrevista insultó a todos los gobernadores “del primero al último”, sin distinguir aquéllos que efectivamente ponían en peligro el equilibrio fiscal, con aquellos que le fueron afines en leyes claves. Y sobrevinieron, en seguidilla, los traspiés en el Congreso, con una oposición que enarbolando causas nobles, pretendía desestabilizar el plan y al gobierno mismo.
Carreras con obstáculos
El Presidente parecería estar protagonizando algo similar a aquellas carreras con obstáculos que nos hacían correr cuando niños. Y llegado el tiempo de elecciones, se multiplican las dificultades, le “embarran” el terreno, se reeditan las “14 toneladas de piedra”, aparecen audios clandestinamente grabados al cuestionado señor Spagnolo, y otros subrepticiamente, al parecer en la misma Casa Rosada, a Karina Milei. “Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”, afirmó el fiscal Stornelli, en línea con el argumento del Gobierno.
Por supuesto que hay acciones que caben perfectamente en la órbita de los denominados “Secretos de Estado”, que se ejercen más que nada por razones de seguridad interna, defensa nacional y estrategia geopolítica. Pero aquí se está hablando de probables actos de corrupción y aquél que se siente limpio, debe dejar paso a que se lo controle, e incluso, si es inteligente, debería anticiparse, dejando su accionar a la luz y conocimiento de todos.
Luz, transparencia, cuentas claras, es el camino más directo para retomar el control y que la Argentina se encauce otra vez.
Por Orlando Navarro
Periodista