Por Luis Eduardo Meglioli – Periodista
La aparición a finales de 2025 del libro “Reconciliación”, con las memorias del rey emérito de España, Juan Carlos I, ha causado revuelos en distintos sectores de la vida nacional de ese país, y, naturalmente en toda Europa, teniendo en cuenta que la presentación de la obra se hizo en primer lugar en París.
Aunque no es habitual que los reyes de monarquías parlamentarias escriban sus memorias, el monarca español, de 87 años, decidió hacerlo tras varios años de distanciamiento y problemas internos con su familia, a raíz de dudosos comportamientos suyos tanto en el orden sentimental como en el económico-financiero. En el libro aborda recuerdos desde su infancia, en Roma donde nació, hasta el actual exilio en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes, incluyendo su mirada sobre las diferencias con su familia directa, especialmente con su hijo y sucesor, como rey y jefe del Estado, Felipe VI.
Ningún miembro de la Casa Real española participó de la citada presentación de la obra en la capital francesa. Y, ¿por qué? Porque es público que, desde su abdicación o renuncia, formalizada el 18 de junio de 2014, las relaciones con su hijo, su nuera Letizia, reina consorte, su esposa, la reina emérita Sofía, y sus hijas las infantas Elena y Cristina, no han sido para nada normales. En primer lugar, Juan Carlos, se vio obligado a abandonar el Palacio de la Zarzuela, sede natural de la familia real española, y tras permanecer en territorio español, con algunos viajes al exterior durante los primeros años, desde 2020 reside fuera de su país, en la citada ciudad de Abu Dabi, invitado especialmente por el emir presidente de los Emiratos Árabes.
Esporádicamente vuelve a España para participar en regatas en la localidad de Sanxenxo, de la Comunidad Autónoma de Galicia, conocida también como “la Marbella del norte” y una de las zonas más atractivas de la costa gallega. Al despedirse de sus funciones reconoció que, durante sus 38 años como máxima autoridad constitucional de su país, ha trabajado “cada día con el mismo afán de servicio a España y a la Corona”, pero que “ya no lo hará más”.
Para cualquiera de los centenares de analistas de la modélica transición española iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco, en noviembre de 1975, podríamos decir que la historia ha permitido ver a “dos” Juan Carlos, el primero, absolutamente indiscutible como jefe del Estado, elogiado desde la izquierda a la derecha por su voluntad y acción siguiendo con rigor la letra de la Constitución de 1978 para poner en marcha la democracia y multiplicar el diálogo con todos los referentes de la política y de la sociedad española. Precisamente, muchas veces oí en Madrid eso de que el pueblo español no era mayoritariamente monárquico sino más bien republicano o “juancarlista”, como lo reconocieron periodistas de medios españoles. Para el escritor español Julián Marías, en un editorial del diario “ABC” del 28 de junio de 1995, “la monarquía significó la superación de la anterior discordia que había desgarrado y ensangrentado el país (…) y el Rey ‘de todos los españoles’, tras recibir la plena legitimidad dinástica y democrática fue la garantía de continuidad, independencia de la política, prestigio y autoridad”.
Pero con los años, con España afianzada en la Unión Europea (UE), con los españoles en paz y con un buen nivel de vida, comienzan a conocerse actitudes del rey Juan Carlos que llaman la atención y se ganan la crítica de numerosos ciudadanos. Se habla de sus relaciones con varias amantes, unas españolas, otras extranjeras y de manejos económicos no declarados formalmente ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), situación esta última que termina en la Justicia local. Pero nunca se conocieron diferencias públicas con los jefes de Gobierno de su país, haciéndose notar por parte de varios analistas desde el periodismo y las universidades que fue “impecable” su relación con los presidentes, pero especialmente con el líder de centro y enorme protagonista de la transición política, Adolfo Suárez (1976- 1981), y con el socialista Felipe González que gobernó entre 1982 y 1996 y que en su juventud fue un declarado republicano.
A todo esto, se sumaron momentos álgidos divulgados en casi todo el mundo, como su entredicho con el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez al que mandó callar en medio de una reunión de jefes de Estado en la XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile; su participación de un safari para cazar elefantes, habiendo sido considerado años antes como defensor de los animales en toda Europa por la organización World Wildlife Fund For Nature (WWF España) que trabaja para la protección, precisamente, de especies vulnerables, como el elefante africano. Y se suman además en 2018 las declaraciones de la supuesta amante alemana de Juan Carlos, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, quien filtró un audio en el que acusa al monarca de tener cuentas en Suiza y de usarla a ella como testaferro, y un pedido de los partidos republicanos Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Compromis, para solicitar en el Congreso de Diputados la creación de una comisión de investigación sobre la “posible corrupción de la monarquía”. El Ministerio Público consideró las acusaciones de la supuesta ex amante como “indicios extraordinariamente débiles”, y, por otro lado, el carácter de inviolabilidad que le daba la Constitución, vigente cuando presuntamente se dieron los hechos, impide una investigación contra el padre del rey Felipe VI.
Cuando llegó el momento de retirar de la Casa Real española la gran mayoría de los retratos y referencias directas a Juan Carlos I, con imágenes de sus casi cuatro décadas en el trono de los borbones, la labor tuvo su matiz histórico, naturalmente, y representaba un antes y un después en la cronología grande de la democracia española restaurada de la mano de este monarca y con el apoyo de todos los españoles, sin excepciones. Pero hoy, la mirada del español medio sobre la monarquía no es la misma, ha descendido sensiblemente, más allá que no se ha escuchado a ningún parlamentario que esté pensando en un proyecto de Ley para proponer su abolición, aunque para ello habría que reformar la Constitución, disolver Diputados y Senado, convocar a elecciones generales y aprobar la reforma por mayoría de dos tercios en ambas cámaras, lo que debería ser ratificado después por un referéndum popular.