En la Argentina, la palabra “deuda” suele generar anticuerpos inmediatos. La historia económica explica gran parte de esa reacción; sin embargo, también la distorsiona. En el mundo contemporáneo, el acceso al crédito no es sinónimo de desequilibrio, sino un indicador de solvencia y de planificación estratégica. Y, a contramano del prejuicio dominante, en ciertas circunstancias endeudarse no solo es razonable: es imprescindible. Ese es el punto en el que hoy se encuentra San Juan.
La señal vino desde la propia mesa chica del Gobierno provincial. En la cena de fin de año de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el vicegobernador Fabián Martín explicitó que la Provincia evalúa tomar empréstitos de organismos internacionales —como el BID— y de instituciones nacionales, con bajas tasas, para reimpulsar la obra pública. No habló de una solución de emergencia ni de una maniobra coyuntural: describió una herramienta de desarrollo. La distinción que hizo fue central: “No es lo mismo endeudarse para pagar sueldo que para construir infraestructura”. Es decir, financiamiento para inversión, no para gasto corriente.
Una cena con los empresarios del sector de la construcción de San Juan dejó mucha tela para cortar. El vicegobernador Fabián Martín afirmó que la Provincia evalúa tomar créditos externos para la obra pública. Sucede justo en el momento de reconfiguración de la relación de Javier Milei con los gobernadores.
Este debate coincide con una reconfiguración de la relación Naciónprovincias. En plena búsqueda de apoyos para el Presupuesto 2026, el Gobierno de Javier Milei abrió una puerta largamente cerrada: avalar créditos internacionales para los gobernadores. Fue el ministro del Interior, Diego Santilli, quien llevó la propuesta a cada provincia. La Casa Rosada, sin abandonar la premisa del equilibrio fiscal, reconoce que los organismos multilaterales tienen fondos disponibles para infraestructura y que las jurisdicciones necesitan herramientas para destrabar sus planes de inversión. Esa combinación —financiamiento disponible y garantías nacionales— es excepcional en el contexto argentino reciente.
San Juan llega a esta discusión con un activo que no es retórico: orden fiscal. De acuerdo con el informe de la Consultora 1816, la provincia está en el top tres de las jurisdicciones mejor administradas del país. Ese dato cambia todo. No se trata solo de “querer” endeudarse; se trata de “poder”. La solvencia permite acceder a créditos de largo plazo y baja tasa en condiciones ventajosas. Martín fue explícito: la evaluación se apoya en indicadores concretos.
También el sector privado lo entiende así. Julián Rins, vicepresidente de la Camarco en San Juan, sostuvo que “tener una provincia ordenada económicamente permite poder acceder a créditos para financiar infraestructura” y planteó algo que en otros países es obvio: si las obras se disfrutan durante décadas, es lógico que su repago también se extienda en el tiempo. Pagar una ruta en 50 años no solo es razonable: es eficiente. Permite ampliar la infraestructura sin ahogar las cuentas presentes.
A nivel nacional, los ejemplos empiezan a acumularse. La reciente contragarantía para que Mendoza acceda a un crédito de US$75 millones para obras de agua potable es un anticipo de la nueva etapa. Antes, los avales nacionales aparecían con cuentagotas; ahora, con el riesgo país a la baja y una estrategia de diálogo territorial más activa, la dinámica se acelera. El entrerriano Rogelio Frigerio habló incluso de una “revolución” en las rutas provinciales si este esquema se consolida.
Para San Juan, este escenario combina oportunidad y necesidad. La paralización parcial de la obra pública durante 2024 golpeó al empleo y frenó proyectos estratégicos. El Gobierno provincial hizo un esfuerzo para sostener la construcción de viviendas, pero no alcanza para un modelo de desarrollo sostenido. Las obras de infraestructura —energéticas, viales, de agua, de conectividad— requieren escalas de financiamiento que el presupuesto local no puede cubrir sin afectar otras prioridades esenciales.
Tomar deuda externa, con aval nacional y condiciones favorables, permitiría algo más que reiniciar el círculo de la obra pública. Habilitaría una agenda de mediano y largo plazo: modernizar la matriz productiva, mejorar la competitividad territorial, atraer inversiones privadas y sostener el crecimiento demográfico sin las tensiones sobre los servicios esenciales.
El debate no debe quedar atrapado en los reflejos del pasado. Endeudarse irresponsablemente es un error y los argentinos tienen largo conocimiento sobre el tema; pero renunciar al crédito por dogmatismo, también. La madurez institucional consiste en diferenciar una cosa de la otra. San Juan, de acuerdo a la información que suele exponer el Ministerio de Hacienda, tiene cuentas ordenadas, necesita infraestructura y aparece frente a una ventana de financiamiento que no siempre estará disponible. La clave, como señaló Martín, será el momento y el diseño de la decisión que tome el gobernador Marcelo Orrego, que tiene la última palabra.