Desde 2024, la provincia cuenta con un nuevo decreto que regula la forma en la que se hace controles y autorizaciones vinculados a la gestión ambiental minera. El Gobierno provincial decidió reducir la burocracia “sin resignar rigurosidad” en los procesos de control. Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan, explicó los cambios implementados y cómo impactaron en el trabajo del Ministerio. También contó que, en materia de nuevos criterios, desde la cartera que conduce se actualizan para exigir sustentabilidad, pero que también las empresas deben cumplir con cada vez más exigencias.
-¿Qué cambios implementaron con respecto a la evaluación ambiental minera?
-Empezamos a trabajar desde el inicio de nuestra gestión, e incluso antes de asumir. Se realizó un abordaje integral de las diferentes áreas que componen el Ministerio a fin de conocer las situaciones en las que nos encontrábamos e identificar las oportunidades de mejoras existentes. De este modo, buscamos implementar procesos de mejora continua que permitan optimizar la administración de la actividad minera en San Juan. En este sentido, se trabajó y se está trabajando fuertemente en los aspectos que se refieren esencialmente a la concesión minera y la evaluación ambiental minera. En el marco de la evaluación ambiental minera, trabajamos en un diagnóstico basado en los aspectos técnicos ambientales.
-En esta mejora continua, ¿qué aspectos concretos trabajaron?
-Lo que tiene que ver más que nada con las competencias de los miembros y la especificidad de los perfiles técnicos. Miramos qué deben tener o deben evaluar un informe de impacto ambiental, las disciplinas que deben abordar esos distintos temas incluidos los mismos. Todo esto lo hicimos para lograr una evaluación que sea eficiente y principalmente en los plazos que indica el Código de Minería, que son lógicos y acorde a los procesos reales de la minería. Con estos objetivos se promulgó el decreto 7 del 2024, que establece en su estructura pautas y procedimientos en general para la presentación y evaluación de esos distintos informes de las tres etapas: prospección, exploración y explotación, además de las actualizaciones cada dos años.
-¿Qué cambios incorporó el decreto y cómo se ven reflejados en el trabajo?
-El objetivo que tiene esto es unificar la evaluación ambiental minera en una sola. Así lo que hace esto es simplificar los trámites y hace mucho más eficiente el proceso. Hasta el momento, estas evaluaciones se hacían con la promulgación de decretos para cada tipo de proyectos que se presentaban en San Juan. Esto implicó que hubiera una normativa que estaba dispersa, que estaba desordenada. Ahora el procedimiento lo principal que tiene y que cabe la pena destacar, es que es más ágil y preciso, pero no implica una menor rigurosidad. Lo que sí logra es reducir los tiempos administrativos sin comprometer los estándares técnicos. Por ejemplo, los proyectos de exploración que solían demorar de 8 a 12 meses, en el mejor de los casos, en aprobarse, hoy están demorando no más de 4 meses. Los proyectos en etapa de explotación que demoraban de 1 a 2 años, hoy están demorando 8 meses. Eso es un avance significativo porque genera más confianza.
-¿Siguen trabajando junto a las instituciones científicas y técnicas?
-Sí, el decreto lo que hace es crear un procedimiento más claro para la CIEAM (Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Minera), asegurando a la vez los procesos eficientes. Esta comisión se encarga de las evaluaciones de explotación de proyectos medianos y grandes. En este caso lo que se buscó es más especialización y también le dio flexibilidad al trabajo con las instituciones. Se redujo en algunos casos la cantidad de organismos que deben estar, pero se los convoca de igual manera si quieren participar. El decreto también permite la participación de consultores externos o evaluadores contratados por la institución demanda. Con esto se busca evitar los casos en los que están desbordados por funcionamiento propio, porque debía ser sí o sí personal de planta permanente. Ahora pueden ser, de acuerdo a lo que decida la administración de los organismos intervinientes, personas contratadas o, inclusive acudir a un a una asesoría externa.
-¿Qué sucede con los proyectos que no son analizados por la CIEAM?
-En el caso de las actualizaciones bianuales de las Declaraciones de Impacto Ambiental de proyectos de prospección, exploración y explotación se harán a través de declaraciones juradas, lo que reduce los plazos de evaluación a no más de un mes. Esto no reduce la rigurosidad de análisis, sino que asegura que los organismos involucrados sean aquellos que tiene responsabilidad técnica. La DEAM (Dirección de Evaluación Ambiental Minera) se ocupa de los proyectos pequeños, dejando los de mayor escala que reciban atención directa y especializada, sin desbordar a los otros organismos con tareas redundantes.
“Los proyectos de exploración que solían demorar de 8 a 12 meses en aprobarse, hoy están demorando no más de 4 meses”.
-¿Quiénes integran la CIEAM ahora?
-Son cinco miembros de Minería, Infraestructura y Ambiente: el Centro de Investigaciones para la Prevención de la Contaminación Minero Industrial (CIPCAMI), la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM), el Departamento de Hidráulica, la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental y la Dirección de Conservación. El resto de los organismos que antes participaban de forma obligatoria seguirán siendo convocados.
-¿Cuántas evaluaciones han hecho hasta ahora y cómo impactó el cambio?
-Desde que asumimos en 2024, incluso antes de este nuevo decreto, hemos evaluado 86 informes de impacto ambiental, de las tres etapas de la minería. Es un gran incremento, porque en 2022 otorgaron 22 declaraciones y en 2023, 24 más.
De las 86 que se otorgaron en este año y medio, 16 fueron de prospección, 36 de exploración y 34 de explotación, sumando también las renovaciones bianuales. Algunas de las más importantes en este periodo fueron las declaraciones de impacto ambiental para exploración de Altar, Filo del Sol, La Coipita y Chita. Además terminaron las evaluaciones de nada más y nada menos que Hualilán, el primer proyecto de oro en conseguir la declaración de impacto ambiental en 17 años, y Los Azules, que fue el primero de cobre de nuestra gestión. Después se sumó también el de Casposo, que implica la reactivación del proyecto de oro. Por esos resultados entiendo que se trataba de cambios muy necesarios, porque nos permitió mejorar los flujos de trabajo y también impactó la modernización de los sistemas.
“Desde que asumimos hemos evaluado 86 informes de impacto ambiental; en 2022 otorgaron 22 declaraciones y en 2023, 24 más”.
-¿Nota avances en los criterios que pone la industria?
-La minería como todo va evolucionando y nosotros como órgano que controla, que concede y que vela por el desarrollo sustentable, no podemos estar ajenos a eso. Trabajamos para contar con los recursos e ir acompañando esos procesos y aunque, por supuesto, los tiempos de la administración no son los de una empresa, avanzamos día a día para estar a la altura de las circunstancias. Sobre todo, en lo que tiene que ver con los criterios ambientales, que son cada vez más estrictos. Esto tiene que ver con una frase de Marcelo Orrego, que me gusta traer, y es que la minería es sinónimo de ambiente. Todo el tiempo estamos buscando mejoras continuas para tutelar el interés ambiental de la provincia y no regalamos absolutamente nada. Las empresas también tienen estándares altísimos y cuando cotizan en bolsa es importante el cuidado ambiental, algo que también tienen que reportar. Nos vamos desafiando mutuamente.
-¿Trabajaron también en la capacitación del personal?
-Sí, claro, estamos trabajando con la Universidad Nacional de San Juan y junto al ingeniero Marcelo Bellini. Hicimos un curso para todo el personal, no sólo el vinculado al área ambiental, incluidos también administrativos, para mejorar las capacidades. También sumamos un convenio para mejorar el nivel de inglés de todos. La profesionalización es importante porque se trata de un área muy técnica, como es Minería. Quiero agregar que tenemos un personal muy comprometido, que se prepara día a día para mejorar los procesos, que además tiene ideas de mejora.
-¿Qué tipo de propuestas le llevan?
-En el CIPCAMI el año pasado, para dar un ejemplo con una anécdota, había una camioneta disponible y los técnicos propusieron hacer un laboratorio ambiental móvil, que les permitiera analizar pruebas en el lugar. Son análisis básicos, por supuesto, pero esto hace más ágil el trabajo de los técnicos. Se hizo, dio buenos resultados y hoy se analiza ampliar esa iniciativa, porque cuando siga creciendo el sector, estos cambios van a ser necesarios.
-¿Cuánto cambian los desafíos ambientales con la aparición del cobre?
-San Juan está atravesando su segunda gran etapa en la historia minera, por lo tanto, estamos no sólo en un tiempo de consolidación sino también de expansión. Sabemos que vamos a ser protagonistas de la transición energética global y entender y las modernizaciones es el resultado de esta etapa. Pero también es el resultado de una política minera seria, con reglas claras, con sustentabilidad ambiental y con compromiso social. En este trabajo están los tres ejes del Ministerio hoy, con los que vamos a seguir impulsando el desarrollo con esa convicción de futuro.