En 2010, Argentina aprobó una ley para la protección de glaciares y el ambiente periglacial, la 26.639. Hoy esa norma vuelve a estar en discusión porque el gobierno de Javier Milei adelantó que enviará un proyecto al Congreso para hacer modificaciones. La razón que dieron es porque se la señala como una norma que impide el desarrollo de la minería.
La mirada desde Nación es que en el actual texto no está bien definido el ambiente periglacial y proponen “devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona”, según dijo el mandatario.
La norma, aprobada hace 15 años y que está en discusión, es una ley de presupuestos mínimos. Esto quiere decir que marca una protección ambiental uniforme en todo el territorio nacional. Por eso tiene impacto en todo el país y es independiente de las legislaciones locales. En el caso de la 26.639, busca “la protección de glaciares y el ambiente periglacial” y “el objetivo principal es la preservación de estas formaciones como reservas estratégicas de recursos hídricos”.
Con respecto a esto parece haber consenso. Si bien desde los sectores productivos, en especial la minería y su cadena de valor, han señalado problemas de la norma, reconocen que es necesaria su existencia.
Desde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla – Conicet), señaron que estas reservas son “fundamentales para el consumo humano, la agricultura, la recarga de las cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, la generación de información científica y el desarrollo turístico”.
En particular, la normativa tiene dos ejes principales: prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y áreas periglaciares. También ordena que se realice un inventario nacional de glaciares, que debe ser actualizado y que tiene tres niveles de estudio. El primero se hace de forma remota, con imágenes satelitales y los otros requieren de estudios concretos. Hasta el momento hubo dos versiones en las que solo se hicieron los trabajos de primer nivel.
La herramienta central es el inventario, un documento que realiza el Ianigla y permite conocer dónde están los cuerpos de interés. El mismo, según lo definió el instituto, es “un instrumento técnico-científico de información pública que identifica y caracteriza las masas de hielo en el territorio nacional”.
La última versión actualizada del mismo se presentó en 2024, donde reportaron que hubo una reducción del 17% de la superficie con glaciares y del 23% en los manchones de nieve perennes (que no desaparecen durante el año para volver a formarse).
En general, la normativa tiene aceptación, pero es en los aspectos más detallados donde está el debate. Por un lado, existe una discusión en torno a si se debe proteger a todos los glaciares de escombros y el permafrost (zonas del suelo que están a 0 grados o menos que no necesariamente tienen agua). También hay críticas porque los dos siguientes niveles de estudio del inventario, que serían clave para determinar si estas formaciones geológicas tienen o no valor para la cuenca hídrica, son casi imposibles de realizar.
Finalmente, con la intención de modificar por parte del Gobierno nacional, surge un nuevo debate: si son las provincias las que deben terminar de definir estos criterios.
Ambiente periglacial
Los glaciares se pueden dividir en tres tipos: descubiertos, que se puede ver el hielo de la superficie; los cubiertos, que están bajo una capa de sedimentos; y los glaciares de escombros, que están compuestos por roca que en su interior tiene agua congelada.
A su vez, el ambiente periglacial se caracteriza por no tener hielo superficial, pero está formado o dominado por geoformas frías, que tiene formas propias de ciclos de congelamiento y descongelamiento. Los glaciares de escombros son una forma típica de estos últimos.
El debate en torno a la ley no es sobre los glaciares descubiertos o cubiertos, ya que estos, coinciden los distintos actores, deben protegerse. Es el permafrost y los glaciares de escombro los que generan debate, en particular, explicó Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del gobierno de San Juan, porque es importante que la ley tenga un “instrumento, ya sea un decreto regulatorio o una nueva ley, que diga que se van a proteger los glaciares y el ambiente que tenga significancia hídrica comprobada”.
Según el funcionario, que a su vez es geógrafo y cuenta con estudios en el área de glaciología, la actual ley no es clara sobre si protege todos los suelos congelados o solo los que ayudan a aportar agua. A su vez, en el actual inventario no se hacen los estudios que permitan analizar si realmente las formas que están dentro de este instrumento son importantes en este sentido.
Para el secretario, “si se hiciera, quedaría fuera un gran porcentaje de los polígonos marcados dentro del inventario”, en referencia a las zonas que están en el documento que hoy están protegidas por la ley.
Por su lado, el Ianigla publicó un comunicado en el que aseguran que el ambiente periglacial, “definido por la presencia de permafrost y procesos de congelamiento y descongelamiento del suelo, representa asimismo una reserva de hielo subterráneo conservada durante largos periodos”.
En el caso de los glaciares de escombro, las formas más importantes dentro de la discusión, Moreno explicó que no todos tienen la posibilidad de aportar agua. Citó dos ejemplos que se dieron en la provincia de San Juan, que los profesionales del Estado, las empresas y la UNSJ estudiaron para determinar si tenían valor para el ciclo hídrico y por lo tanto debían ser protegidos por la ley.
Eran dos formas, una en áreas cercanas a Vicuña y otras de El Pachón, donde determinaron que no estaban aportando agua a la cuenca y por lo tanto no eran alcanzadas por la ley. Es que la norma asegura que busca cuidar “reservas estratégicas de recursos hídricos”.
Moreno contó que esas bajas del inventario provincial se dieron porque fue posible estudiar puntualmente los casos. Explicó que en el caso de los glaciares de escombro primero debe estudiarse si tienen agua congelada en su interior. “Hay una capa activa, que es la parte superficial que se congela y descongela anualmente, que no se debe considerar permafrost”, explicó.
Los estudios pendientes
El trabajo que hizo la provincia de San Juan en las dos goeformas que sacaron del inventario de glaciares es lo que propone la ley. Primero, investigar si las formas que no son glaciares cubiertos o descubiertos tienen agua y, segundo, si sigue teniendo el desarrollo normal de un glaciar y aporte hídrico. Pero, dijo Moreno, “en los últimos 15 años todavía no se ha avanzado y es muy difícil que se hagan”.
Esto se debe a que el primer tipo de estudio del inventario se puede realizar con imágenes satelitales y de forma remota. En cambio, para demostrar que el área periglacial tiene agua y en qué condiciones está, es necesario tomar muestras y hacer estudios tanto en el lugar como análisis en laboratorios.
“Lo que se hace es obtener una muestra que puede ser de unos 25 metros de profundidad con una perforadora sónica, que genera vibraciones mientras gira”, detalló Moreno, que estuvo en los muestreos en Pachón y Vicuña. Las máquinas normales generan calor, por lo que derretirían los testigos que luego es necesario estudiar. De esas perforadoras, agregó el funcionario, hay dos o tres en todo el país y hay que pedir turnos. Por eso, dijo, hasta ahora fue imposible que se avanzara con un inventario en esos niveles de detalle.
La alternativa de las provincias
Por el momento no es público el proyecto de ley que presentará el Gobierno nacional sobre la Ley de Glaciares. Según las últimas declaraciones de Javier Milei, un cambio tendría que ver con que sean los estados provinciales los que se encarguen de hacer cumplir la normativa y también definir las dudas y grises hasta ahora planteados.
Para Moreno, que las provincias se hagan cargo del control y la aplicación de la normativa, además de contar con algún instrumento nuevo que defina mejor alguno de los temas, podría ser una solución. Citó lo que hizo San Juan, que tiene su propio inventario y retiró las geoformas de los dos proyectos tras hacer estudios en el que participaron “la parte pública, la privada y un veedor confiable, como es la UNSJ”.
“Lo que se podría hacer es avanzar con los estudios de segundo y tercer nivel en los casos puntuales, tanto en proyectos mineros e hidrocarburíferos como otros de infraestructura, como el paso a Chile o una ruta si es necesario”, dijo. Así, propuso que sean los estados provinciales los que determinen la relevancia hídrica cuando sea necesario, en lugar de esperar a tener datos de toda la cordillera del país dentro del inventario.
En la actualidad, quien está a cargo de hacer efectiva la ley no es el Ianigla, sino la subsecretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, que hoy encabeza Daniel Scioli, las provincias y la Administración de Parques Nacionales según corresponda.
El instituto científico aclaró en un comunicado que están vinculados a la confección y actualización del inventario. También dijeron que no fueron convocados a trabajar en el proceso de una nueva ley o de un decreto reglamentario. Desde San Juan la postura es apoyar una descentralización, que la provincia sea la encargada de hacer los controles y decidir qué geoformas deben estar en el inventario. La propuesta de ley: una oportunidad para profesionalizar la protección ambiental mediante datos científicos objetivos
Por su parte, el especialista internacional en glaciares Andrés Meglioli sostuvo en una entrevista con Forbes Argentina que la propuesta de ley es una oportunidad para profesionalizar la protección ambiental mediante datos científicos objetivos, permitiendo el desarrollo económico sin afectar negativamente el recurso hídrico. Desde su experiencia, la Ley de Glaciares en Argentina tiene una falencia técnica, ya que protege los glaciares por su morfología (forma) y no por su función hídrica. Es por esto que se terminó protegiendo cualquier cuerpo de hielo o roca sin evaluar si realmente aporta agua al sistema.
El experto señala que el Inventario Nacional de Glaciares está incompleto en sus fases más críticas debido a que solo se ha cumplido una primera etapa basada en el la delimitación de las crioformas a través de imágenes satelitales (“de escritorio”), y no ha habido una verificación en terreno ni una cuantificación del aporte real de agua de cada geoforma, ya que su importancia hídrica es muy variable. Para el caso de los glaciares de escombro que son masas de roca con hielo entre los bloques, estos pueden llegar a aportar entre el 5% y 40% de agua.
Según Meglioli la reforma busca priorizar la protección de aquellos glaciares que son “reservas estratégicas de agua” siguiendo modelos de países como Canadá o EE.UU. donde el enfoque es estrictamente hídrico; permitiendo además que todos los procesos se agilicen bajo la supervisión de las provincias y el aporte financiero del sector privado.
Autonomía a las provincias para gestionar sus recursos
En la última reunión de la Mesa del Cobre realizada en el marco de la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025, los gobernadores de San Juan, Catamarca, Jujuy y Mendoza fijaron posición sobre la reforma de la Ley de Glaciares. El eje central es la búsqueda de un federalismo ambiental que otorgue autonomía a las provincias para gestionar sus recursos. Esto es, que cada provincia tenga la potestad de reglamentar la ley y definir qué se considera zona glaciar o periglacial según su propia geografía, para que la autoridad de aplicación local determine qué sectores pueden habilitarse para la actividad económica y minera.
Los mandatarios de Jujuy y San Juan apoyan una ley aclaratoria como vía de reforma más que un Decreto de Necesidad y Urgencia, debido a que de esta manera se otorga mayor seguridad jurídica y respaldo parlamentario. Por su parte, el presidente Javier Milei respalda la postura de los gobernadores, calificando la reforma como una forma de “devolver el federalismo”.