La disputa entre el sistema bancario tradicional y las billeteras virtuales volvió a escalar en el marco del debate por la reforma laboral. La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABBAPRA) reclamó que las billeteras virtuales no sean habilitadas para el cobro de sueldos, tal como prevé el proyecto oficialista que comenzará a debatirse en el Senado.
En una carta enviada a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la entidad bancaria pidió que se elimine directamente el artículo 35, que equipara las cuentas virtuales (CVU) con las cuentas bancarias (CBU) para el pago de salarios. Según ABBAPRA, esa equiparación carece de respaldo normativo y regulatorio suficiente.
Desde la asociación advirtieron que las billeteras virtuales no están sometidas a un régimen regulatorio, prudencial ni de supervisión equivalente al que rige para las entidades financieras, lo que genera —según remarcaron— un mayor riesgo patrimonial para los trabajadores que cobren sus haberes por esa vía.
ABBAPRA alertó además que, de aprobarse el artículo cuestionado, se producirían “claros e inmediatos efectos adversos” en la inversión, el empleo y el crecimiento económico, con un impacto directo sobre las pymes, los productores regionales, el comercio, la vivienda y el consumo local. En ese escenario, sostienen, se vería debilitado el financiamiento del entramado productivo.
En ese sentido, la entidad recordó que la legislación vigente exige que los salarios se acrediten en cuentas abiertas en entidades financieras, una decisión que —según remarcaron— no responde a un atraso tecnológico, sino a una política pública deliberada orientada a garantizar un estándar mínimo de seguridad jurídica y financiera para los trabajadores.
Como argumento central, los bancos subrayaron que el sistema bancario cuenta con un esquema de “triple protección” para los haberes: el Seguro de Depósitos (SEDESA), el carácter de pasivo privilegiado de los salarios sobre los activos del banco y un régimen especial de resolución ante crisis. Según ABBAPRA, ese esquema permitió que ningún asalariado haya sufrido pérdidas ni demoras en el cobro de su sueldo en los últimos 30 años.
Desde la entidad advirtieron que, si se mantiene el artículo 35, la seguridad de los salarios quedará subordinada a modelos de negocios sin garantías de solvencia ni respaldo regulatorio, lo que podría exponer a los trabajadores a situaciones de incertidumbre financiera.
El reclamo bancario se da en paralelo a la creciente expansión de los pagos digitales: el 21% del gasto en comercio electrónico en la región ya se realiza a través de billeteras virtuales, un dato que refleja el peso creciente de estos instrumentos, pero que —según los bancos— no justifica su equiparación con las cuentas bancarias para el pago de haberes.
El debate se intensifica en un contexto de fuerte tensión sindical. La CGT ratificó la movilización del próximo 11 de febrero, día en que comenzará el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, y llamó a los gobernadores a reflexionar sobre el impacto del proyecto. Desde la central obrera advirtieron que la iniciativa “no moderniza el sistema laboral” y podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas.