Representantes de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, junto a dirigentes de la Federación de Viñateros y la Mesa Vitícola, se reunieron con el gobernador Marcelo Orrego en Casa de Gobierno para exponer la crítica situación que atraviesa el sector y solicitar la intermediación del Ejecutivo provincial con el objetivo de mejorar el precio de la uva en la actual cosecha.
El planteo quedó formalizado en una nota entregada al mandatario, acompañada por un informe con datos comparativos de las últimas cuatro cosechas, que busca explicar por qué —según los productores— la vitivinicultura atraviesa “uno de los peores momentos de los últimos 50 años”, pese a que no hubo un crecimiento desmedido de la producción.
Según el documento, en los últimos cuatro años se produjo apenas un 5% más de vino del que se consumió, mientras que los stocks al 1 de diciembre se mantuvieron prácticamente constantes, con un promedio nacional de 10,7 millones de hectolitros. Para los viñateros, el problema no es estructural de sobreproducción, sino de decisiones regulatorias y contexto macroeconómico.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el adelantamiento de la fecha de liberación de los vinos nuevos. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) pasó ese plazo del histórico 1 de junio al mes de marzo, lo que, según el sector, incorporó al mercado un sobrestock equivalente a 2,3 millones de hectolitros —los consumos de marzo, abril y mayo— y provocó una virtual paralización del mercado de vinos y mosto. “Eso generó desinterés de las grandes bodegas en comprar uva o, en caso de hacerlo, imponer precios y plazos similares a los de los últimos años”, advierten.
En ese marco, los productores estiman que, de haberse mantenido la liberación en junio, los precios de la uva podrían haber sido al menos un 50% superiores a los actuales.
El informe también detalla la fuerte pérdida del poder adquisitivo del productor. Tomando como referencia los valores pagados en la cosecha 2024, la uva Cereza se pagó a 220 pesos por kilo, cuando ajustada por inflación debería ubicarse hoy en torno a los 475 pesos. En el caso de la uva fina, como la Chardonnay, pasó de 450 pesos por kilo a un valor actualizado cercano a los 973 pesos. Si se comparan con los precios de 2023, la brecha es aún mayor: la Cereza debería cotizar hoy a 788 pesos y la Chardonnay a 1.650 pesos por kilo. Según los viñateros, en los últimos dos años el precio real de la uva cayó casi un 120%.
Entre las causas de esta situación, el sector enumera tres factores principales: la desregulación del mercado vitivinícola y la liberación anticipada de vinos; el atraso cambiario, que provocó la pérdida de cerca del 30% del mercado externo —unos 200 millones de litros— en los últimos tres años; y la caída del consumo interno por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del desempleo y cambios en los hábitos de consumo.
Frente a este escenario, los viñateros solicitaron al gobernador una serie de medidas concretas. En el corto plazo, pidieron postergar la liberación de los vinos nuevos al 1 de agosto, lo que permitiría negociar valores más cercanos a los costos de producción: alrededor de 500 pesos por kilo para uvas comunes y 1.000 pesos por kilo para uvas finas. También reclamaron que se restituyan al INV las facultades previstas en la Ley 14.878 para controlar la genuinidad, calidad y propiedad de los vinos de maquileros.
En materia económica, plantearon la necesidad de un crédito fiscal de 50 pesos por kilo de uva destinada a mosto concentrado y vino de exportación, una amplia refinanciación de pasivos bancarios con tasas promocionales, un año de gracia y hasta cinco años de plazo, y una reducción del costo de la energía eléctrica. En ese punto, solicitaron eliminar cargos vinculados a la línea de 500 kV y al Fondo PIEDE, reducir impuestos municipales y bajar el IVA del 27% al 10,5%.
Además, la nota incluye propuestas a mediano plazo, como la reconversión de unas 5.000 hectáreas de uvas comunes a uvas sin semilla para pasas y consumo en fresco, la reimplementación de créditos para inversión y capital de trabajo, y un plan integral frente a la crisis hídrica. Allí se propone avanzar hacia sistemas de riego presurizado en toda la superficie cultivada de San Juan, la recarga de acuíferos subterráneos con agua del río San Juan y el cumplimiento estricto de la Ley de Protección de Glaciares, incluyendo la delimitación del área periglaciar por parte del IANIGLIA.