En un debate tenso y con una votación que terminó 21 a 15, la Cámara de Diputados de San Juan sancionó la nueva Ley de Transporte impulsada por el Poder Ejecutivo. El oficialismo logró el fin del histórico sistema de licencias y la creación de un registro único que abarcará a todo el parque móvil provincial. La norma, que tendrá 120 días para su reglamentación, abre una etapa de mayor control, más competencia y un esquema sancionatorio más estricto.
El orreguismo consiguió los votos gracias al acompañamiento de bloques dialoguistas —el bloquismo, el Frente Renovador, La Libertad Avanza, San Juan Te Quiero y el voto clave de Omar Ortiz—. La oposición peronista presentó un despacho alternativo con críticas sobre la autoridad de aplicación, el riesgo de sobreoferta de taxis y las sanciones previstas, pero no logró imponerse. El despacho oficialista triunfó por 20 a 16 y la aprobación en general se consolidó por 21 a 15.
El núcleo del proyecto es la creación del Registro Provincial de Transporte (Reprotran), un padrón obligatorio donde deberán inscribirse taxis, remises, transporte escolar, colectivos, transporte accesible y vehículos de carga. Para el Ejecutivo, este registro representa la herramienta central para ordenar un sector caracterizado por la dispersión operativa y la falta de controles homogéneos.
El Reprotran persigue dos objetivos estratégicos: ordenamiento y trazabilidad (conocer quién opera, con qué vehículos y bajo qué condiciones, generando información verificable para una fiscalización efectiva) y formalización de las plataformas digitales (las aplicaciones como Uber y DiDi deberán integrarse obligatoriamente al sistema bajo reglas supervisadas por la provincia. Aunque la ley no las menciona explícitamente —uno de los puntos que más tensó el debate con la oposición—, sí fija condiciones precisas: geolocalización, controles reforzados, documentación actualizada y registro estricto).
En el transporte de cargas, un sector clave para el desarrollo productivo y minero, la ley permitirá al Gobierno contar por primera vez con un mapa integral de quién circula desde y hacia San Juan.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del esquema de licencias transferibles, que durante décadas alimentó un mercado informal de compra, venta y alquiler en el mundo de los taxis. El nuevo sistema establece un Certificado de Registración personal e intransferible, lo que permitirá que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos —vehículo adecuado, carnet profesional y seguro específico— pueda registrarse digitalmente para operar.
En línea con la idea de “abrir el juego” y promover mayor competencia, la ley impone límites estrictos a la concentración. Ninguna persona o empresa podrá adjudicarse más del 25% del parque automotor habilitado para el servicio regular, un cambio relevante respecto del proyecto original, que limitaba la participación al 15% por líneas. Asimismo, el margen para ampliación de recorridos se reduce del 30% al 25%, con la intención de evitar monopolios encubiertos y asegurar un equilibrio entre operadores.
La autoridad de aplicación, la Secretaría de Tránsito y Transporte, queda facultada para impulsar nuevas tecnologías, incluida la incorporación de flotas híbridas o eléctricas.
La nueva norma declara el servicio regular de colectivos como Servicio Público Esencial, exigiendo a las empresas el pago de una Tasa Regulatoria del 3% sobre el producto bruto tarifario. El régimen sancionatorio fue endurecido de manera sustancial:
-
Intimaciones con plazos mínimos de 12 horas, con incumplimiento que deriva en caducidad de pleno derecho.
-
Registro de inhabilitados por diez años, aplicable a toda persona o empresa que pierda una concesión.
-
Facultad de requisar vehículos para asegurar la continuidad del servicio cuando sea necesario.
-
Multas significativamente superiores para quienes operen sin registrarse, buscando frenar el crecimiento del transporte ilegal, potenciado por la crisis económica y la falta de regulación para las apps.