El envío al Congreso del proyecto para modificar la Ley de Glaciares reavivó el debate político en San Juan y dejó fuertes definiciones del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. El funcionario cuestionó con dureza a la gestión provincial anterior y aseguró que durante el gobierno de Sergio Uñac la minería quedó relegada, pese al impacto que tuvo la normativa en el desarrollo de proyectos estratégicos.
Fernández fue categórico al analizar los últimos años. “No hubo una decisión política de avanzar decididamente con esto, particularmente durante la gestión de Uñac. En el caso del ingeniero Gioja tuvo, quizás, una posición muy clara porque le tocó el momento en que se debatió esta ley y nos consta a todos de que hizo todo lo que estaba a su alcance para poder enderezar algo que empezaba a torcerse”, expresó en una entrevista en Radio Light.
Sin embargo, también marcó responsabilidades internas dentro del mismo espacio político. “Pero también hay que decir que era su propio espacio político el que promovió este tipo de iniciativa y su espacio político no logró darle un sentido claro a esta legislación. En el caso de Uñac, francamente yo soy de los que opinan que Uñac no hizo mucho o hizo poco y nada por la minería y claramente no fue un tema prioritario en su agenda”, afirmó.
Para Fernández, la falta de definiciones no se limitó a una sola gestión. “Evidentemente. Su espacio político, sobre todo en el último gobierno con Alberto Fernández que le tocó gobernar, incluso a pesar de haber tenido un secretario de minería de la provincia, no pudo enderezarse esta cuestión. Entonces los resultados creo que hablan por sí solos”, sostuvo.
El rol de San Juan y el liderazgo de Orrego
El ministro destacó que el escenario actual es distinto y subrayó el protagonismo del gobernador Marcelo Orrego en el impulso de la iniciativa. “Aquí hay dos planos que han sido relevantes en la participación de San Juan. Uno es, desde lo político, el liderazgo político del gobernador. Ha sido el primer gobernador en plantear con insistencia y diría al último, casi hasta el cansancio, la necesidad de abordar una solución en esta temática”, explicó.
Según Fernández, la postura sanjuanina nunca apuntó a confrontar con la Ley de Glaciares, sino a precisar su alcance. “No hay necesidad de pelearnos con la ley de Glaciares, tratamos de aclarar cuál es el sentido original de protección, el objeto original que se buscaba proteger, aclararlo y a partir de esa aclaración también un planteo fuerte en que sean las provincias quienes recuperen también potestades que por constitución le son originarias”, señaló. Y agregó: “Y con ese criterio se ha ido trabajando, porque entendíamos que no teníamos que atacar el objeto protegido de la ley, sino simplemente clarificarlo”.
En ese marco, indicó que el Gobierno nacional tomó ese planteo como propio. “El gobierno nacional entendió que lo más seguro era esto, hacerlo con un respaldo del parlamento y siguiendo ese mismo criterio que habíamos planteado de no pelearnos con la ley, sino simplemente aclararla y devolver a las provincias sus facultades”, afirmó.
Fernández remarcó que San Juan fue una de las provincias más afectadas por la normativa vigente. “La provincia era hoy la que se veía más perjudicada de todas las provincias mineras a la hora de poder avanzar con distintos proyectos, no solo en la faz minera, sino también la Ley de Glaciares afectaba potencialmente otro tipo de actividades económicas que se desarrollaran en los ambientes indefinidos que se pretendía proteger”, explicó.
Debate legislativo y aspectos técnicos
Respecto al tratamiento parlamentario, descartó una aprobación acelerada. “No es intención del gobierno nacional un trámite express para la ley, porque el país tiene suscripto una serie de pactos internacionales en materia ambiental. De ninguna manera, acá se busca modificar el objeto protegido, acá lo que se está haciendo es aclarar el objeto que se pretende proteger”, sostuvo, y anticipó que el debate podría extenderse hasta febrero o marzo.
También se refirió a las competencias provinciales y al rol de los organismos técnicos. “Esta es una Ley de Presupuestos mínimos, lo mismo que la Ley General de Protección del Ambiente a nivel nacional. En el caso de la Ley General de Ambiente, las autoridades de aplicación competente en cada jurisdicción son las provincias”, explicó.
En esa línea, remarcó que “no se está alterando ninguna práctica normativa previa en el país, sino que simplemente se está ordenando y volviendo a la normalidad, algo que ya estaba”, y agregó que “las provincias podrán participar junto al IANIGLIA en el mantenimiento del Inventario de Glaciares”.
Sobre la capacidad técnica local, Fernández aseguró que San Juan cuenta con experiencia suficiente. “San Juan ya tiene experiencia en eso. Tiene de hecho dos institutos universitarios, uno en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, el Instituto de Arqueología, y otro en el ámbito de la Facultad de Ingeniería, que es el Instituto de Hidrología”, indicó. Además, recordó que el glaciar del Pachón ya cuenta con estudios de nivel 2 y 3, y que se avanza en trabajos similares en un glaciar del proyecto José María.
En cuanto a los plazos, fue prudente. “No, ni rápido, ni inmediato. Son estudios que requieren algunos meses entre la preparación y la realización y la obtención de resultados. Son costosos”, aclaró, y señaló que deben realizarse principalmente durante primavera y verano.
Inversiones, RIGI y lo que viene
Finalmente, Fernández vinculó la clarificación de la Ley de Glaciares y el RIGI con el escenario de inversiones mineras. “Nosotros ya estamos trabajando con algunas de las empresas que entendemos que tienen las condiciones y los respaldos financieros para avanzar”, aseguró.
Sobre el proyecto Vicuña, destacó el impacto del régimen de incentivos. “En el caso de Vicuña, la presentación del RIGI es un cambio sustancial porque implica que la empresa va a duplicar durante 2026 la inversión realizada en 2025. La empresa estima llegar a invertir cerca de mil millones de dólares y todavía no estamos hablando de la efectiva construcción de la mina”, explicó.
Aun así, aclaró que no habrá grandes obras en el corto plazo. “Está claro que no tenemos que esperar el inicio de ninguna construcción de envergadura durante 2026. Eso no va a ocurrir”, afirmó, y precisó que solo se verán avances acotados en proyectos como Veladero, Casposo o Gualcamayo.
Sí anticipó movimiento en obras previas. “Los movimientos se van a empezar a dar en las infraestructuras habilitantes. De hecho, Vicuña ya empezó a generar movimientos en la construcción del camino. Vamos a empezar a ver durante 2026 obras vinculadas a caminos y a infraestructura de energía eléctrica”, detalló.
Para dimensionar el impacto, subrayó: “En el caso de Vicuña, el presupuesto aprobado es de casi mil millones de dólares. Para dimensionarlo, el presupuesto de la provincia es de dos mil millones de dólares, estamos hablando de una inversión equivalente al 50% del presupuesto provincial”.
De cara al mediano plazo, proyectó un cambio de etapa. “Yo creo que 2027 es probable que empecemos a ver fases iniciales, salgamos de estas etapas de preconstrucción en las que se incluyen todas las infraestructuras habilitantes y podamos empezar a ver quizás la construcción de alguna de las minas de cobre”, afirmó.
Sobre Vicuña, confirmó que “las empresas cuentan con el capital necesario, que es capital propio de las socias, BHP y Lundin”, y explicó que el principal pedido fue “la clarificación de la Ley de Glaciares y avanzar en un acuerdo integral con la provincia vinculado al tratamiento de regalías y fideicomisos, un camino que ya venimos recorriendo con la empresa”.