El juez, Federico Rodríguez, absolvió ‘lisa y llanamente’ a dos empleadas del municipio de Rawson, porque al cabo del juicio consideró que no se probó que ambas se hubieran quedado con plata de la comuna cuando trabajaban de cajeras en el cobro de tasas y servicios, en 2022. El fiscal, Francisco Nicolía, y el ayudante fiscal, Emiliano Pugliese (UFI de Delitos Especiales) pretendían que ambas fueran a la cárcel: pidieron 5 años e inhabilitación absoluta para Evangelina Soledad Cabeza (46 años) y 4 años e igual prohibición para ejercer cargos públicos para Marina Isabel Mengual Calderón (48). Fiscalía le atribuyó a Cabeza haberse quedado con $613.242 por el cobro de 37 boletas que no rindió, entre 13 de mayo y el 27 de setiembre de 2022, y a Mengual con $52.507 de 6 boletas no rendidas entre el 24 de agosto y el 15 de setiembre de ese año. Por eso les atribuyó peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según Fiscalía, ambos montos, actualizados, alcanzarían hoy la suma de casi 12 millones de pesos.
Un arqueo del municipio y una pericia contable fueron para Fiscalía pruebas contundentes contra las acusadas, denunciadas el 5 de octubre de 2022.
Sin embargo el fallo del magistrado, pareció a tono con el planteo de los abogados defensores, los gremialistas, Antonino D’amico y Horacio Rodríguez del Cid, protagonistas de encendidos y polémicos cruces con el equipo fiscal durante el trámite del juicio.
La principal bandera de los argumentos defensivos, fue que la acusación contra las empleadas (una de ellas, Mengual, delegada del gremio municipal) fue parte de los duros enfrentamientos que por esa época mantenían con el entonces intendente, Rubén García. D’amico aseguró que le parecía al menos llamativo que prosperara la denuncia contra las empleadas y no alguna de las 5 denuncias que él puso contra el exintendente.
También cuestionaron que la pericia de Fiscalía fuera encomendada a un contador de apellido Ferrari que -dijeron- era proveedor del municipio y amigo de Rubén García.
Además, aseguraron que sus clientas no se quedaron con dinero alguno porque nunca lo sacaron del municipio, lo devolvieron (entre ambas entregaron más de $800.000) y era sospechoso atribuirle a ellas el desorden administrativo que imperaba en la intendencia.
Al conocer el fallo, las acusadas rompieron en llanto y también el defensor D’amico. Ambas dijeron ser inocentes, víctimas de una persecución política y del ‘ensañamiento’ de Fiscalía.
El fallo no está firme.