Los ministros de la Corte de Justicia, Horacio De Sanctis, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria, dieron luz verde para que el juez del Tribunal de Impugnación, Benedicto Correa, analice si corresponde o no conceder el beneficio de la probation a Mario César Sanz, uno de los tres imputados que tiene un caso escandaloso: los presuntos alquileres ilegales de las canchas, espacios para estacionar y otros servicios en el predio del Centro de Educación Física N°20 (CEF 20, conocido como ‘La Granja’). El fiscal coordinador, Francisco Micheltorena (UFI de Delitos Especiales) y también Fiscalía de Estado, pretenden que tanto Sanz, expresidente de la cooperadora, como los exdirectivos de ese organismo, Miguel Jofré y Daniel Samat, vayan a juicio y sean condenados a 5 años e inhabilitación absoluta, por cometer peculado, estafas y otros delitos por hacer plata en beneficio propio con esos bienes públicos, por lo menos entre el 1 de enero de 2019 y el 18 de marzo de 2022, cuando fue denunciado el caso.
Por eso fue que Micheltorena se opuso al planteo de sobreseimiento para Jofré. Y también a los pedidos de probation (suspensión del juicio a prueba) para Sanz y Samat, una alternativa que, de aprobarse, les hubiera permitido ser sobreseídos y quedar sin antecedentes en su planilla, siempre que cumplieran con un pago simbólico para reparar el daño causado (ofrecían $250.000), tareas comunitarias y otras reglas de conducta.
Esa vez, tras escuchar a las partes, la jueza que celebraba la audiencia para poner fin a la investigación, Gema Guerrero, rechazó los planteos de la Defensa. Y también un pedido de la abogada de Sanz, su hija Marisel, para que se le permita reclamar ante un Tribunal de Impugnación.
Pero tanto los acusadores como la jueza, entendieron que no cabía habilitar la vía de Impugnación, pues la ley establece que las decisiones tomadas en la audiencia en la que el caso pasa a juicio, son irrecurribles y solo pueden ser resueltas por la misma magistrada, pidiéndole que revoque su resolución.
Por eso fue que Sanz y su Defensa, llegaron hasta el juez Correa con un planteo de ‘queja por recurso denegado’. Fiscalía reclamó entonces ante la Corte (también por vía de la queja) para que el máximo tribunal se oponga al pedido de la Defensa.
Sin embargo el máximo tribunal entendió que aún no debe intervenir en el caso, porque interviene en sentencias definitivas y el pedido de probation aún llega a esa instancia, ni a favor ni en contra del imputado. Así, decidió que la causa debe volver al juez Correa, para que analice y resuelva si cabe o no conceder ese beneficio al imputado.
Correa se había mostrado a favor de tratar la apelación de Sanz, pues entendió que no hacerlo ‘tornaría ilusorio’ el derecho a impugnar y porque la situación planteada (la probation) tiene efectos definitivos para el imputado y debe ser resuelta antes de que el caso llegue a juicio.