El frustrado inicio del histórico primer juicio oral y público por un ‘complejo’ caso de drogas, contra 10 presuntos narcos (‘La Banda de los Rosales’), derivó en una polémica judicial también inédita y ahora será la Cámara Federal de Casación Penal, con sede en Comodoro Py, la que deberá resolver si el juicio debe reanudarse con el mismo juez que lo anuló o empezar de nuevo, pero con 3 jueces.
El pasado 13 de mayo, el juez del Tribunal Oral Federal local, Daniel Doffo, anuló el debate al cabo de dos audiencias, porque advirtió que en lugar de un magistrado, la escala penal de los delitos atribuidos a los imputados (de 6 a 20 años de cárcel) imponía obligatoriamente que fuesen tres los encargados de juzgar. El juez que decretó la apertura del juicio, Manuel Pizarro, había resuelto que sea uno solo.
Según Doffo, no cumplir lo establecido en la ley procesal (regula el rol de las partes y cómo investigar, juzgar y sentenciar), conduciría a vulnerar derechos y garantías de la Constitución Nacional (ley suprema), como el debido proceso, la defensa en juicio y el juez natural.
‘Cierto es que esta advertencia parcialmente tardía ha producido desgaste jurisdiccional pero, la continuación del juicio en estas condiciones, traería aparejado un desgaste mayor y el mismo e irremediable final (la nulidad)’, había resuelto el juez Doffo.
Sin embargo el fiscal del caso, Fernando Alcaraz, impugnó esa decisión por ‘arbitraria’. Aseguró que se trata de una ‘nulidad por la nulidad misma’, pues el magistrado no demostró cómo se afectan los derechos y garantías, especialmente los que amparan a los imputados. Además, planteó que ni Fiscalía ni Defensa se habían opuesto a la decisión de hacer el juicio con un juez, dijeron fuentes judiciales.
Así, el fiscal solicitó que el fallo sea revocado y que el juicio continúe con el mismo magistrado.
Los imputados más complicados son Franco Marcelo ‘Gordo’ Carrizo (defendido por Claudio Vera) y quienes le recibían la droga en 9 de Julio, Sergio Maximiliano Rosales y su pareja María Eugenia Parra. La sospecha es que esta pareja, repartía a su vez la ilícita mercancía a otros parientes, entre los que se incluyen Evelin y Noelia Ríos, Miguel Parra, Isaías Varela, Milagros y Priscila Rosales (todos son defendidos por Alejandro Castán y Manuel Giménez Puchol). El décimo imputado es el comerciante Angel Andrés ‘Gallego’ Gunella (es defendido por Rubén Pontoriero), quien cayó por su vinculación con Carrizo.
En el operativo, pesquisas de Drogas Ilegales secuestraron $2.256.060, 590 gramos de cocaína, 17 plantas de marihuana y 9 gramos de esa hierba, hongos alucinógenos, balanzas de precisión, objetos para fraccionar, teléfonos y cinco vehículos, entre otras pruebas.