A la madre de un amigo, la convenció de ir a una financiera a sacar un préstamo de $4,5 millones para cancelar un terreno. Uno de sus tíos confió en ella en dos ocasiones, primero cuando fue a la casa de créditos y le sacó $3 millones para compras personales y, luego, cuando se trasladó hasta un banco y se endeudó en $16 millones, pues su sobrina le dijo que con ese dinero se pondría una casa de comidas en el corazón de Caucete. Un primo de la denunciada y su esposa fueron blanco también de maniobras similares: confiaron en ella y su proyecto gastronómico, cuando extrajeron $2 millones cada uno (de una financiera y una tarjeta de crédito) para luego transferirle la plata. En el caso de la mujer el perjuicio fue un poco mayor, porque con sus datos, la propia imputada sacó tres préstamos más de la tarjeta y de la financiera, por un monto de $3.248.444.
Entre setiembre del año pasado y marzo de 2025, María Belén Brizuela Quiroga (29 años) se alzó con $30.748.444, cifra que, actualizada, representa un perjuicio mayor para los denunciantes, por la suma de capital e intereses no cancelados en las cuotas que se comprometió a pagar, sin hacerlo.
Los hechos fueron denunciados por cuatro personas el pasado 19 de mayo. Y de la investigación encarada por el fiscal Duilio Ejarque y el ayudante fiscal, Pablo Ferrer (UFI de Delitos Informáticos y Estafas), se desprendió que la sospechosa apenas canceló un par de cuotas en uno de los préstamos. Y que nunca llegó a colocar el local de comidas en el centro caucetero.
Los propios damnificados denunciaron también la posibilidad de que la imputada pudiera irse del país (tenían la versión de que se iría a México). Con ese dato, más las evidencias recabadas, Fiscalía solicitó el arresto de Brizuela Quiroga a la jueza, Celia Maldonado, detención que se concretó el último sábado sobre las 11.
Ayer, la joven pudo recuperar su libertad, pero se comprometió a someterse al proceso, presentarse cada 30 días (durante 8 meses) en la seccional 9, no salir de la provincia ni el país sin autorización judicial y, sobre todo, no molestar ni acercarse a los denunciantes a menos de 300 metros. Además, la jueza ordenó el embargo de sus cuentas bancarias y la inhibición general de sus bienes, es decir que le prohibió disponer o realizar operaciones comerciales con sus bienes.
Antes de ser liberada, manifestó que no quería ser fotografiada por la prensa porque eso la perjudicaría en la venta de comidas que tiene en su casa, con la intención de juntar dinero para cumplir sus obligaciones.
Fiscalía le imputó cinco estafas reiteradas y un hecho más con la utilización de datos de una denunciante. Y si bien la defensora, Flavia Funes, negó esa acusación y dijo que se trató de un proyecto comercial no bien gestionado por su clienta, mencionó la posibilidad de llegar a un acuerdo con los denunciantes para reparar el perjuicio causado, pues aseguró que tiene tres lotes con los que intentaría finiquitar la investigación en su contra.