Una joven que trabajaba en el Hogar de Ancianos, admitió en un juicio abreviado que se aprovechó de la ventaja de trabajar en ese lugar para apoderarse de las tarjetas de débito de al menos 6 jubilados (en su cuenta de Mercado Pago detectaron que tenía unos 30 plásticos vinculados), para hacer transferencias y compras por un monto de $1.700.000. Los hechos empezaron a ser investigados el 8 de agosto del año pasado en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas que coordina el fiscal, Eduardo Gallastegui, y ayer la imputada, Priscila Lisette Orellano, admitió que cometió esos delitos y terminó condenada a la pena que aceptó en el juicio abreviado acordado a través de su Defensa: 3 años de prisión en suspenso, pena impuesta por la jueza, Flavia Allende.
