San Juan fue sede del XX Encuentro Nacional de Justicia de Ejecución Penal, bajo el lema “Desafíos Contemporáneos y propuestas de articulación interdisciplinaria”. En este discutieron cuáles son las herramientas para que el sistema penitenciario y las condenas tengan como resultado la reinserción de las personas que cometieron delitos y fueron condenadas. El área de Ejecución Penal de la Justicia es justamente la que está a cargo de velar porque los cumplimientos de las penas se hagan acorde a lo que indica la constitución: buscando que las personas vuelvan a la sociedad con mejor conducta. Además, deben velar por los derechos de quienes están en condición de encierro.
María Jimena Monsalve, presidente de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, habló en exclusiva con DIARIO DE CUYO y explicó cuáles son los objetivos de este encuentro. Además, llegaron a la provincia con información sobre cómo funciona este sector de la Justicia, de manera de poder encarar acciones concretas. Según dijo, el evento tiene como objetivo “trabajar en la educación, la sensibilización y la concientización sobre la ejecución de la pena”. Los contenidos, explicó, son para personas que trabajan en el Poder Judicial, pero también para todos los que están vinculados al sistema de cumplimiento de penas: penitenciarios, equipos interdisciplinarios y otros actores. Para la magistrada, que está a cargo de un juzgado en Buenos Aires, “la persona encarcelada debe salir con herramientas, capacidades y referentes, para reintegrarse de manera pacífica a la sociedad”.
“Nuestro sistema es estigmatizante: es muy difícil que alguien con antecedentes consiga empleo o vivienda”
-¿Cuáles son los objetivos que tienen desde la asociación con este encuentro?
-La asociación tiene como objeto social trabajar en la educación, la sensibilización y la concientización sobre la ejecución de la pena. Siempre buscamos realizar en una provincia diferente, tratando de unir las necesidades locales con los contenidos que traemos. Es fundamental integrar a todos los actores que forman parte de la ejecución penal: el Poder Judicial, los ministerios públicos, los equipos técnicos criminológicos y el personal del servicio penitenciario de distintas partes del país. Incluso nos visita el director del servicio penitenciario de Tierra del Fuego, así que hay una federalidad total.
-¿Qué datos tenían de San Juan?
-Sabemos que hay problemas puntuales en la región relacionados con las condiciones de encarcelamiento, el tratamiento penitenciario y particularmente con la educación y la salud mental. También traemos contenidos sobre el sistema acusatorio adversarial, que se está implementando aquí, y sobre los tribunales de tratamiento de drogas. Además, incorporamos la teoría del desistimiento, que analiza por qué las personas dejan de delinquir. Por la mañana, comenzamos con el aniversario de los 15 años de las Reglas de Bangkok y el derecho de las mujeres en el contexto de encierro.
-¿Los problemas en las condiciones tienen que ver con infraestructura?
-Por supuesto, el hacinamiento es un problema grave en Argentina y también en San Juan. Las condiciones de infraestructura afectan las posibilidades de vida durante el día y la implementación de actividades positivas para evitar la recaída delictiva. Sin un contexto adecuado, es muy difícil que estas variables se desarrollen correctamente.
-¿Cuál es la situación del hacinamiento en San Juan, en comparación con otras ciudades?
-Es un porcentaje importante, pero hay lugares mucho peores, como la provincia de Buenos Aires, que concentra la mitad de las personas privadas de libertad del país. No es la situación más grave, pero sigue siendo relevante.
-En cuanto a educación y salud mental, ¿por qué son prioritarios?
-En educación, es fundamental cumplir con la Ley Federal de Educación y garantizar todos los niveles en el contexto carcelario, porque es un derecho y también parte del tratamiento penitenciario. En salud mental, es un problema complejo en Argentina; cualquier persona encarcelada enfrenta riesgos, y la atención es limitada por la cantidad de profesionales. Trajimos la propuesta del programa SWIC, que ha reducido significativamente la tasa de suicidios en cárceles federales. Además, destacamos el programa para jóvenes primarios del Servicio Penitenciario de San Juan, que evita que se intensifiquen hábitos criminológicos.
-El sistema acusatorio, ¿cambia el trabajo de la ejecución penal?
-Sí, cambia indudablemente. Tiene ventajas y desafíos. Hay que integrar la discusión procesal con otros componentes importantes para la ejecución penal, enfocándose en las posibilidades de avance del sujeto y en la modificación de hábitos. Se necesitan desarrollar principios propios de esta etapa y garantizar que el juez de ejecución pueda actuar de manera proactiva, asegurando derechos y produciendo pruebas de manera adecuada.
“La persona encarcelada debe salir con herramientas, capacidades y referentes, para reintegrarse”
-En cuanto a los Tribunales de Tratamiento de Drogas y la teoría del desistimiento, ¿cómo se aplican en la práctica?
-Son dos áreas distintas pero complementarias. La teoría del desistimiento estudia los factores que contribuyen a que las personas dejen de delinquir: la familia, la paternidad, desvinculación de personas o entornos problemáticos, y el trabajo formal. La mirada busca analizar qué podrá hacer la persona con las herramientas que tiene ahora. Los programas relacionados son no adversariales y trabajan de forma interdisciplinaria con grupos donde la intervención adversarial no fue suficiente.
-¿Y los Tribunales de Tratamiento de Drogas?
-Es un modelo exitoso en muchos lugares. Tenemos una experiencia consolidada en el Juzgado Nacional de Ejecución Penal, que ha permitido intervenir efectivamente en casos de delitos asociados al consumo problemático, modificando prácticas judiciales para obtener mejores resultados en la ejecución penal.
-¿Cómo se relaciona todo esto con la reinserción social?
-Son herramientas muy importantes. Nuestro sistema actual es estigmatizante: es muy difícil que alguien con antecedentes consiga empleo o vivienda. Un elemento clave es cómo la sociedad actúa frente a las personas. Si persisten estos estándares, la reincidencia es más probable. Por eso la prevención y la concientización son esenciales. Incluso usamos herramientas culturales, como la película La Mujer de la Fila, que muestra desde la perspectiva de una madre lo que ocurre cuando su hijo entra en prisión y que tiene una mirada que es mejor, que no repite estereotipos. Porque también es necesario contar otras historias de lo que sucede en las cárceles.
-Trabajan de forma interdisciplinaria. ¿Qué importancia tiene eso?
-La ejecución penal no puede depender solo de la ley. Las ciencias del comportamiento son esenciales para modificar conductas. La interdisciplina debe incorporarse plenamente a las decisiones judiciales, no como ciencias auxiliares, sino como pares del derecho, porque tratamos con comportamientos humanos.
-¿Es un desafío la capacidad de escucha del Poder Judicial ante otros actores?
-Sí, pero hemos avanzado mucho. Nuestra asociación reúne jueces de ejecución de todo el país y además hay una generación, de la que también me siento parte, que busca cambiar miradas estáticas e ineficaces. Creemos que cuando la pena se transita con dignidad, la comunidad se beneficia. La persona encarcelada debe salir con herramientas, capacidades y referentes, para reintegrarse de manera pacífica a la sociedad.