Fue un reporte de la organización mundial que combate el abuso y la explotación sexual infantil (comunmente conocida como Missing Children) lo que destapó la cruda y violenta situación. Ese informe se canalizó a través de la Red 24/7 con sede en la CABA y el pasado 5 de agosto llegó a la UFI ANIVI, con 47 videos de sexo explícito que involucraban a menores y 6 fotos de producción casera, en las que aparecía una niña con la mano de un sujeto dejando al descubierto sus partes íntimas o con sus genitales próximos a la misma menor desnuda. El pasado miércoles, los investigadores que se encargaron de meter preso a ese sujeto sin trabajo y, al parecer, sin un lugar fijo donde permanecer, constataron que era el protagonista de esas fotos, por un inconfundible detalle: un tatuaje circular que tiene en su mano izquierda.
La detención había sido solicitada al juez Guilermo Adárvez por el fiscal, Roberto Mallea, y los ayudantes fiscales, Benjamín Spatzer y Guadalupe Ferrari, quienes contaban con otras evidencias que complicaban a ese sospechoso. A saber: su expareja había dicho que lo echó de la casa en la que convivían en Chimbas, porque descubrió en su celular dos fotos de él tocándole la cola a la hija de ambos, que tiene 13 años. Además, la investigación arrojó que el sujeto pudo pedir a otras personas por WhatsApp que le enviaran material de pornografía infantil. Y por eso no se descarta que las fotos que le atribuyen haberse hecho junto a su hija (al parecer cuando la niña dormía) las hubiera distribuido por la web.
El material fue encontrado en la nube de Google y por eso ayer Spatzer no dudó en criticar al sospechoso: ‘Expuso a su propia hija al ciberdelito’, precisó.
Tras la exposición de los hechos y cómo considera que deben ser calificados (abuso sexual por un lado y, además, producción y tenencia de reproducciones sexuales de menores, ambos delitos agravados), Fiscalía pidió 1 año de plazo para investigar, teniendo en cuenta que se incautaron para peritar 11 celulares y dos tabletas. Además, solicitó 8 meses de prisión preventiva, por el peligro de que se fugue o entorpezca la investigación.
La defensora oficial de ese changarín de 33 años, María Emilia Nielson, negó los hechos contra su defendido y también se opuso a que permanezca por 8 meses preso en la cárcel de Chimbas.
Sin embargo, el juez adhirió a los argumentos de Fiscalía y lo mandó al Penal por 8 meses. También autorizó a que la menor sea entrevistada por psicólogos del ANIVI (Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas) para determinar si conocía o no de las prácticas atribuidas a su padre. Y, si lo supo, si pudieron ser aún más graves que simples manoseos.