El comienzo de clases en la provincia de San Juan suele estar acompañado, año tras año, por un escenario de incertidumbre marcado por reclamos salariales docentes, planteos gremiales y diversas demandas vinculadas al funcionamiento del sistema educativo. A pocos días del inicio del nuevo ciclo lectivo, previsto para el lunes 2 de marzo, resulta imprescindible que todos los actores involucrados actúen con la mayor predisposición para asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares desde el primer día.
La educación no puede quedar atrapada en conflictos recurrentes que, aunque legítimos en muchos casos, terminan afectando principalmente a quienes menos responsabilidad tienen en las disputas: los alumnos y sus familias. Garantizar el regreso a las aulas es una obligación colectiva que excede intereses sectoriales y se vincula directamente con el futuro educativo y social de la provincia.
El objetivo de cumplir con los 190 días de clases establecidos como mínimo constituye una meta fundamental para asegurar la incorporación efectiva de contenidos y el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. Cada jornada perdida implica conocimientos que difícilmente puedan recuperarse plenamente más adelante, generando desigualdades y afectando la continuidad pedagógica. Los estudiantes necesitan estabilidad, previsibilidad y un calendario escolar que se cumpla sin sobresaltos para construir una formación integral que los acompañe desde la enseñanza primaria hasta los niveles medio y superior.
En este contexto, facilitar el inicio del ciclo lectivo también implica contemplar la realidad económica de muchas familias. No debería exigirse desde el primer día la compra inmediata de uniformes, útiles completos, libros o materiales que recién serán utilizados meses después. La canasta escolar representa un esfuerzo considerable para numerosos hogares, y flexibilizar estos requerimientos iniciales puede evitar que cuestiones económicas se conviertan en un obstáculo para la asistencia escolar.
Asimismo, el compromiso docente resulta central. Más allá de las negociaciones salariales -necesarias y legítimas-, la vocación educativa implica también priorizar el derecho de los estudiantes a aprender. Iniciar las clases mientras continúan los diálogos paritarios constituye una señal de responsabilidad social y profesional que fortalece el vínculo entre escuela y comunidad.
En cuanto a la infraestructura, si bien persisten situaciones puntuales, el trabajo conjunto del gobierno provincial y de las comunidades educativas ha permitido mantener en condiciones aceptables la mayoría de los establecimientos, evitando que este aspecto se transforme en un impedimento generalizado.
El inicio normal del ciclo lectivo no depende de un solo sector, sino del esfuerzo compartido. Gobierno, docentes, familias y comunidades educativas deben comprender que la educación requiere acuerdos, sensibilidad y visión de futuro. Solo así será posible que las clases comiencen puntualmente y que los estudiantes transiten un año escolar ordenado, condición indispensable para mejorar la calidad educativa y recuperar la confianza en la escuela como espacio de crecimiento y oportunidades.
