La jueza del Tribunal de Impugnación, Silvina Rosso de Balanza, revocó ayer la decisión de mantener con arresto domiciliario a Denise Robles Bonade y Rubén Martín González. Y ordenó que cumplan por dos meses prisión preventiva en la cárcel de Chimbas. Sobre ambos ya pesan más de 100 denuncias por venta de lotes y otros bienes, como emprendimientos inmobiliarios y vehículos, además de inversiones financieras que produjeron un perjuicio multimillonario a diferentes familias y particulares.
La decisión significó una adhesión al pedido de la fiscal de Impugnación, Marcela Torres, y el fiscal del caso, Guillermo Heredia, que ayer reiteraron las razones por las que ambos debían ir a la cárcel. Una futura condena efectiva que surge de la escala penal de las múltiples estafas que les atribuyen y el peligro de que se fuguen o entorpezcan la investigación, figuraron entre argumentos fiscales, compartidos también por los abogados de los denunciantes, Agustín Idemi, Fernando Echegaray Moya y Mirna Balmaceda.
La magistrada había considerado que la decisión que tomó el juez Roberto Montilla el pasado 31 de marzo (la detención domiciliaria) carecía de fundamentos en derecho, más aún cuando el defensor de Martín González, Carlos Reinoso, no había solicitado que su cliente cumpliera esa modalidad de arresto.
Reinoso insistió en desligar a su cliente y apuntó contra su expareja, pues dijo que ella había realizado numerosas operaciones comerciales, sin darle nunca el dinero, con un poder que él le había dado para disponer de sus bienes, que luego le revocó. Hasta la señaló por una presunta falsificación de la firma de un escribano que había fallecido.
El propio González buscó distanciarse de su ex. Dijo que se dedica a la construcción desde hace 16 años y aseguró su intención de cumplir los compromisos que él asumió, algo que no pudo porque -dijo- gastó sus ahorros en la construcción de un monumento a Cristo en Calingasta y no le pagaron.
A su turno, el defensor de Robles Bonade, insistió también en que su clienta permanezca con prisión domiciliaria hasta que una junta interdisciplinaria la examine para comprobar un primer diagnóstico de un médico psiquiatra particular, en el que concluye que padece un ‘trastorno bipolar con síntomas psicóticos’.