Los ministros de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, Marcelo Lima y Adriana Verónica García Nieto, confirmaron la condena de 3 años en suspenso y 6 años de inhabilitación que el juez, Ricardo Moine, le impuso el 23 de octubre de 2023 al ginecólogo, Ricardo Daniel Ortiz (58), por el homicidio culposo de su paciente, Valeria Robles, una instrumentadora quirúrgica de 39 años con hipertensión arterial que murió el 19 de agosto de 2018, tres días después de dar a luz por cesárea a su tercer hijo y sufrir un ACV (accidente cerebrovascular) hemorrágico.
El juez había adherido al planteo de la fiscal Claudia Salica y de la representante de la familia de la víctima, Cristina Naveda, quienes pedían el máximo de inhabilitación para ejercer la medicina, 10 años.
Los abogados defensores, Federico Aguiar y Nicolás Gómez Camozzi, reclamaron ante la Corte, pues consideraron que la condena fue arbitraria al no valorar prueba a favor de su cliente y porque consideraron que violó normas constitucionales.
Fiscalía se opuso al planteo defensivo.
Al final, los ministros de la Corte calificaron como ‘meras discrepancias’ al planteo defensivo y entendieron que el juez Moine fundamentó en derecho porqué decidió condenar por homicidio culposo al médico, por su negligencia y su impericia. Respaldaron así el análisis probatorio del magistrado, pues la mujer padecía hipertensión crónica, había sufrido dos abortos y, previo al parto por cesárea, había tenido dos crisis de altísima presión.
Según el fallo, con esos antecedentes, Ortiz debió prever que el parto fuese en un centro de salud de mayor complejidad, con drogas específicas para tratar posibles complicaciones y no hacerlo en la Clínica Mayor, donde no había terapia intensiva ni intermedia y tampoco las drogas necesarias. En todo caso -consta en el fallo- debió derivarla luego del parto a un lugar donde atendieran eventuales crisis como la suba repentina de presión y el ACV que sufrió tras la cesárea, en lugar de dejarla al cuidado de su suegra como ocurrió aquel 16 de agosto de 2018. ‘No debió suponer que no pasaría nada’, había dicho un perito médico, quien remarcó que Ortiz subestimó esos síntomas y no actuó como lo recomienda la ‘guía para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión en el embarazo’, pues científicamente está probado que una de cada cuatro embarazadas con hipertensión padece complicaciones tras el parto.
‘Quiero agradecer el actuar de la justicia provincial en busca de la verdad de los hechos, permitiéndonos como familia la tranquilidad de que se hizo justicia por Valeria. Este fallo es también un mensaje de ánimo para muchas familias que aún esperan que se respeten sus derechos. Por todas las víctimas de mala praxis, deseo que la verdad y la justicia prevalezcan siempre’, dijo Diego Salinas, esposo de la víctima.
A Ortiz ahora solo le queda recurrir ante el máximo tribunal de justicia del país.