La única coincidencia entre los expertos en salud mental que abordaron a esa mujer de 32 años, madre de un niño, es que padece un retraso mental moderado, que un psiquiatra del Ministerio de Salud del Gobierno cuantificó en un 35 de coeficiente intelectual (de 70 en adelante se considera que la persona no sufre discapacidad mental). La polémica sobre el estado mental de esa sospechosa de abusar de un chico de 13 años (fue detenida el miércoles sobre las 20) quedó planteada ayer, porque para su Defensa Oficial puede ser alguien inimputable y para un equipo fiscal de la UFI ANIVI, lo contrario. El eje de la discusión es determinar si cumple o no con los requisitos básicos para enfrentar un proceso penal como imputado: comprender la criminalidad de un acto y poder dirigir sus acciones.
Para el defensor oficial, Marcelo Salinas, y el ayudante, Maximiliano Vedia, hay dos evidencias de que puede ser inimputable y no debe estar presa. A saber: el certificado de discapacidad emitido por un psiquiatra de Salud del Gobierno en agosto de 2023 con vigencia hasta el mismo mes de 2033, con el ya mencionado 35 de coeficiente intelectual. Y el informe de una psicóloga del ANIVI, que la describió como alguien que no comprende cuando un hecho es o no criminal y tampoco puede tomar decisiones, como las que involucran sus actos sexuales. Ese informe se conoció en una causa en la que ella figura como víctima de un abuso sexual.
En la vereda del frente está el equipo que la investiga por el presunto abuso de un menor, la UFI ANIVI, encabezado por la fiscal coordinadora Valentina Bucciarelli y sus colaboradores, Nahuel Ibazeta y Rocío Toledo. Empezaron a investigarla el pasado 7 de abril, cuando la madre del menor denunció que, unas tres semanas atrás, había vuelto con su madre de hacer unas compras, no encontró a su hijo y al salir a buscarlo lo encontró semidesnudo en un cañaveral con la sospechosa, que es su propia cuñada, pues mantenía una relación con un hermano de la denunciante. También dijo que escuchó a esa mujer darle instrucciones a su hijo sobre lo que tenía que decir. Y que la coaccionó: ‘Si me denunciás te mato’.
Antes de tenerla como sospechosa de abuso simple (el chico dijo que lo manoseó en sus genitales) y coacción contra su madre, Fiscalía pidió que una junta integrada por una psicóloga y una psiquiatra la evaluara. Y esos profesionales concluyeron que, a pesar de su retraso mental moderado, comprende cuando algo está bien o no y tiene la capacidad para poder dirigir sus actos.
El último miércoles pidieron detenerla en base a ese informe, porque no había cumplido la exigencia de no acercarse ni molestar al menor. De hecho, convivía con el tío del niño en la misma casa que el menor.
El próximo lunes el juez, Roberto Montilla, escuchará a los profesionales de la salud mental que entrevistaron a la mujer antes de resolver si la declara o no inimputable. Si la declara imputable, deberá resolver también si la deja o no presa por 3 meses como pidió Fiscalía.