El conocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, y su supuesto socio en el comercio del sexo virtual, el colombiano Jhon Sebastián Quevedo Medina, recibieron otro duro cachetazo en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Por mayoría, los jueces Juan Ignacio Pérez Curci y Manuel Alberto Pizarro, confirmaron casi por completo la decisión del juez federal local, Leopoldo Rago Gallo, de procesarlos con prisión preventiva por el delito de trata agravada de personas, por la explotación económica de por lo menos 21 mujeres en estado de vulnerabilidad, con la venta de sexo a través de cuatro sitios de internet entre octubre de 2023 y los primeros días del último mes de julio, cuando cayeron presos.
Los jueces que votaron en mayoría, entendieron también que el venezolano, Wuillder Gehys Nazareth Rodríguez Martínez, no fue coautor y tuvo una participación secundaria en la maniobra, lo que significó quitarle un agravante a los delitos investigados (la ley requiere de 3 autores como mínimo). Y decidieron concederle prisión domiciliaria (aún si no se consigue un dispositivo electrónico), imponiéndole varias reglas de conducta, como fijar domicilio y tener un ‘guardador’, someterse al proceso, no salir de la provincia sin autorización judicial y retener sus documentos para viajar, entre otras.
Solo el camarista, Gustavo Castiñeira de Dios, votó por confirmar las sospechas de Fiscalía y el procesamiento del juez local contra todos, pues consideró que el venezolano, como ‘monitor’ de las ‘modelos’, cumplió un papel clave en los ilícitos.
Los pedidos preventiva y de procesamiento contra el letrado y sus presuntos cómplices, habían partido de los fiscales, Francisco Maldonado, Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano, cotitular del PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas). Fue luego de una investigación encarada con pesquisas de Gendarmería, que permitió confirmar la sospecha de que muchas mujeres eran tentadas a ganar en dólares para ser parte de la empresa de modelos, ‘Belle Argentina’, pero luego las convencían de entrar al mercado de la venta de sexo por internet.
El defensor del abogado, Fernando Castro, había pedido declarar la inconstitucionalidad de la figura del testigo de identidad reservada usado en la investigación. Y declarar nulos varios actos, como haber indagado a su cliente por un delito y sumarle agravantes al momento de procesarlo o hacer un ‘análisis erróneo’ de los hechos calificados como delitos. O cuestionar el allanamiento en su estudio jurídico sin representantes del Foro de Abogados. Solo tuvo éxito en el planteo de este último reclamo, pues el tribunal ordenó que el juez local debe resolverlo, indicaron fuentes judiciales.
Castro había recurrido a la Cámara Nacional de Casación cuando el tribunal de Mendoza rechazó un pedido de excarcelar a de la Fuente, pero a nivel nacional también cosechó un revés.
Así, todo parece indicar que el abogado y el colombiano, llegarán presos al juicio. Los delitos que les imputan tienen un castigo mínimo de 8 años.