Un agente, un cabo y una oficial que cumplían funciones en la seccional 20ma. de Angaco, empezarán en los próximos días a ser juzgados por un hecho grave, que puede costarles su trabajo en la Policía y, además, una condena de prisión de 3 años sin encierro y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Al menos ese castigo es que, anticiparon, buscarán el fiscal, Nicolás Schiattino, con el ayudante fiscal, Ignacio Domínguez (UFI de Delitos Especiales) quienes lo consideran autores de la paliza que recibió un hombre en estado de ebriedad, a eso de las 4 del 20 de abril de 2024, en calle Nacional metros antes de Velázquez, en Angaco. A esa hora, Armando Vázquez Calderón (45) dormía en el interior de su renoleta (Renault 4), porque había pasado la noche bebiendo alcohol con unos amigos y decidió que lo más sensato era descansar a un costado de la calle, para evitar lo más previsible de conducir ebrio: un choque que podía perjudicarlo a él o a terceros.
El mismo Vázquez denunció que estacionó a eso de las 2 de aquel día y que, dos horas después, dos policías lo despertaron para pedirle los papeles del auto y que se fuera, ‘que dejara de dar asco’. Entonces les dijo que no conduciría en ese estado y de inmediato quisieron llevárselo preso. Ahí se produjo un forcejeo en el que fue a dar al piso con un policía, con una consecuencia más grave: en el suelo recibió trompadas y patadas que le dejaron dos cortes en el rostro (uno de 4 cm) y otras lesiones, a las que se sumaron las que sufrió mientras iba esposado en el patrullero.
El equipo de Fiscalía concluyó que fue el agente Matías Francisco Durán Gómez (es defendido por Fernando Molina y María Almazán) quien le dio patadas en el piso a Vázquez. Y que el cabo Maximiliano Néstor Riveros (lo asisten los abogados José Beltrán y Marcela Olivera) lo golpeó en el patrullero. A ambos les atribuyen apremios ilegales.
Para la oficial Emilce Gisel Pantano (es defendida por Joaquín Moine y Agustín Gallastegui) esperan la misma pena, pero por falso testimonio, encubrimiento e incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública. Resultó que esta policía buscó acomodar la situación, mintiendo, para favorecer a sus compañeros.
Riveros y Durán buscaron también desligarse denunciando a Vázquez por atentado y resistencia a la autoridad, pero su denuncia fue desestimada porque Riveros no tenía lesiones y Durán sí, pero las compatibles de un ataque suyo contra Vázquez, según la acusación.
Luego de depurar la prueba y cumplir con otros pasos procesales, el juez, Guillermo Adárvez, cerró la investigación y pasó el caso a juicio.