La organización ambientalista Greenpeace ha recordado en su último informe anual de deforestación en el Norte argentino, que el país se encuentra en emergencia forestal desde hace varios años por la pérdida de bosques nativos. Ya en 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático advirtió que en nuestro país ocurre el 4,3% de la deforestación mundial y en 2017 las emisiones de efecto invernadero llegaban al 39% debido a las talas indiscriminadas para ampliar la frontera agrícola.


Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015, con 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas anuales por el avance de la ganadería y la soja transgénica, sumando a los incendios de dudoso origen que arrasaron centenares de miles de hectáreas de monte natural.


Los ambiciosos planes de ampliación agropecuaria en las provincias más comprometidas van a contramano de la crisis climática y de biodiversidad, y ponen en riesgo a los últimos bosques nativos existentes en el territorio nacional. Por eso urge la implementación de normas más fuertes y ambiciosas en defensa de este patrimonio forestal irrecuperable, con una fauna al borde de la extinción, e incluso proteger a sus históricos habitantes.


Por la parálisis de la pandemia, la ONG revela los números de 2019, año en el que se perdieron 80.938 hectáreas de bosques nativos en las cuatro provincias con más desmontes: 25.513 hectáreas en Santiago del Estero; 23.521 en Formosa; 14.664 en Salta y 17.240 hectáreas en Chaco. La violación de la Ley de Bosques no tiene atenuantes porque desde 2007 cuando se sancionó, hasta el año del informe, se desmontaron casi un millón de hectáreas de bosques protegidos.


Tanto la legislación como las multas previstas son insuficientes para detener la depredación y las grandes empresas comprometidas las pagan sin problemas porque la rentabilidad de las tierras usurpadas lo reditúan. Se habla, además, de la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa, en muchos casos, y no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente, salvo pocas excepciones.


La protección de los bosques es fundamental para la mitigación del cambio climático y nos vuelve más vulnerables ante los imponderables meteorológicos.