Las imprecisiones geopolíticas que viene exhibiendo la Argentina han recibido fuertes críticas externas e internas por posiciones que distan del Estado de derecho cuando apoya a regímenes con atropellos a la democracia y abstenciones en los foros internacionales cuando se votan condenas por las fragrantes violaciones a las libertades fundamentales y detenciones arbitrarias. Además, el país abandonó el lineamiento continental de naciones preocupadas por el avance de las dictaduras.

Ahora ha sido la organización Amnistía Internacional la que solicitó recientemente al Gobierno nacional que se posicione de manera clara y contundente contra las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido, y se siguen cometiendo a diario en Venezuela. La carta enviada por la ONG al canciller Felipe Solá le recuerda la denuncia que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es una de las únicas esperanzas de lograr verdad, justicia y reparación para el pueblo venezolano.

Los atropellos de la dictadura de Nicolás Maduro, con pruebas contundentes ante el Tribunal Internacional, con sede en La Haya, pueden dar lugar a un juicio histórico y sin precedentes en América latina. En 2018 la causa fue interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, pero el 24 de marzo pasado nuestro país se retiró del grupo aunque sin perjuicio de las acciones que adopte la Fiscalía conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

En principio esta decisión podría interpretarse como un neutralismo para alejarse de la presión estadounidense alegada por el chavismo, pero la carta de Amnistía revela que la decisión de Argentina de abandonar la acción legal contra Venezuela se conoció días después de que el presidente Fernández minimizara las violaciones de la dictadura caribeña. Dijo el martes pasado que "el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo", sin ofrecer alguna prueba o información creíble.

Si fue la repercusión indignante de los venezolanos a través de voceros calificados que no perciben ningún cambio, como afirmó el mandatario, atribuyendo la opinión a un compromiso ideológico que nada tiene que ver con los derechos humanos ni la crisis que afecta al pueblo venezolano. Por el contrario, los múltiples informes de la ONU, las denuncias de la OEA, de la oposición, y de la denuncia en La Haya siguen intactos y pueden sumarse más.