Nadie duda de la legitimidad de la demanda de los sectores sociales más castigados por la situación económica, agravada por los estragos de la pandemia. Lo dice la propia estadística oficial a partir de la multiplicación de pobres e indigentes, desocupados y el crecimiento de la precarización laboral con cifras inéditas, pero lo repudiable es la intencionalidad política de las organizaciones de izquierda y del sindicalismo combativo.

En las recientes movilizaciones se observó la clásica metodología de ganar la calle para crear incidentes como el enfrentamiento con la Prefectura al vedar el tránsito hacia el centro porteño. Nada es improvisado para los activistas de Barrios de Pie-Libres del Sur, Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, MTR, FOL y otros grupos que se arrogan la representación del pueblo, y con la logística acostumbrada de enormes pancartas sostenidas por palos, útiles para agredir, y la conocida sincronización con los costos que asumen los organizadores y tras ellos los partidos de izquierda.

Este plan de lucha no puede objetarse cuando se reclama salarios dignos, trabajo, asistencia alimentaria y vacunas para integrantes de comedores comunitarios, y hasta aguinaldo para los beneficiarios de planes sociales. El aumento de la pobreza es innegable, pero no se debe aprovechar las necesidades de los desamparados para capitalizar la penetración ideológica perseguida por los cabecillas que se escudan en el drama del hambre y la marginación social.

El derecho a peticionar y la protesta social son garantías constitucionales si se canalizan por todas las instancias del reclamo y no afectan al bien común, es decir a las demás libertades como la de circulación, pero el piqueterismo ideológico apunta a erosionar al Estado de derecho con efecto de alto impacto. Lo vimos con los autoconvocados en Neuquén con más de 20 días de cortes de rutas y la paralización productiva de Vaca Muerta con 12 millones de dólares diarios de pérdida.

También debemos tener memoria para recordar el daño a la democracia de estos movimientos, como el del 17 de diciembre de 2017 al atacar al Congreso por la reforma previsional impulsada por el Gobierno anterior. El saldo de 88 policías heridos, 60 manifestantes detenidos y 14 toneladas de piedras arrojadas no benefició a los jubilados y ahora otra reforma los dejó peor. Fue una furia desestabilizante con un propósito político inocultable contra las instituciones republicanas.