El Gobierno nacional apelará el fallo por el financiamiento universitario. Mientras cumple parcialmente la ley, busca evitar que el costo impacte en el presupuesto.
El financiamiento universitario vuelve a generar tensión entre el Gobierno y la Justicia.
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El conflicto por el financiamiento universitario suma un nuevo capítulo. El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que ratificó la aplicación de la ley, mientras define una estrategia para cumplir parcialmente con la normativa sin afectar de lleno el presupuesto.
La decisión surge luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmara la cautelar sobre la ley 27.795, que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y garantizar fondos para investigación.
Desde la Casa Rosada indicaron que ya trabajan en un recurso extraordinario federal para apelar la resolución. En caso de un rechazo, el plan es llevar la discusión a la Corte Suprema, en un intento por frenar el alcance total del fallo.
En paralelo, el Ejecutivo adoptará una estrategia administrativa: cumplir la ley “por goteo”, mediante transferencias mensuales. El objetivo es evitar que el impacto se consolide como un aumento permanente del gasto público dentro del presupuesto anual.
El eje del conflicto radica en los artículos que obligan a actualizar salarios según la inflación acumulada y a recomponer programas estudiantiles. Desde el oficialismo advierten que la implementación completa de estas medidas tendría un alto costo fiscal.
El Gobierno ya había intentado frenar la aplicación de la ley mediante el decreto 759/2025, argumentando la necesidad de definir previamente las fuentes de financiamiento. Sin embargo, esa postura fue nuevamente cuestionada por la Justicia.
A mediano plazo, el oficialismo buscará modificar la ley en el Congreso, reemplazando el esquema actual por uno más acotado. La intención no es derogarla, sino introducir cambios que reduzcan su impacto económico.
Mientras tanto, en Balcarce 50 analizan alternativas similares a otros conflictos recientes, como el de discapacidad, donde se optó por una reglamentación parcial sin resignar la posición política.
El escenario anticipa una nueva disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con el financiamiento universitario como eje central, en un contexto de tensión por el manejo del gasto público.