El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció ayer la destitución de todo el Gobierno regional de Cataluña, la disolución del Parlamento de esa región y la convocatoria a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, como parte de las medidas aprobadas para restaurar la legalidad en esa comunidad autónoma.
"Son estas horas de ánimos exaltados en las que importa mucho la prudencia", afirmó Rajoy al anunciar esa batería de medidas, ante este panorama de incertidumbre. Un Consejo de Ministros extraordinario aprobó esas medidas para reestablecer la legalidad constitucional después de que fueran autorizadas por mayoría absoluta en el Senado español y de que el Parlamento regional catalán aprobara la declaración unilateral de independencia.
Los partidarios de la independencia dicen que Cataluña, que tiene su propia lengua y cultura, es una "nación" y que como tal se les debe permitir tener su propio Estado. También dicen que Cataluña, una de las regiones autónomas más ricas de España, está transfiriendo un exceso de su recaudación fiscal a las regiones más pobres y que sus ciudadanos disfrutarían de un mayor grado de prosperidad si hubiera un Estado independiente.
Desafiando al Gobierno central, el Parlamento catalán declaró ayer la independencia de Cataluña de España, minutos antes de que el Senado español lograra la aprobación de la imposición de un mandato directo sobre la región. Aunque la declaración es un gesto simbólico, ya que no será aceptada por España ni por la comunidad internacional.
En respuesta al desafío secesionista, el Ejecutivo español ordenó la destitución del presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos sus consejeros, y señaló que sus funciones será asumidas por los ministerios competentes.
Rajoy no anunció cómo se harán operativas estas medidas. Es decir, quién sacará a Puigdemont de sus oficinas. Tampoco queda claro cómo hará para evacuar a los legisladores del Parlamento.
Al destituir a Puigdemont, Rajoy asume el control directo de la región. El Gobierno central se hace directamente con los poderes de la administración catalana hasta que se celebren los comicios el 21 de diciembre.
Cancillería argentina expresó "preocupación" por la situación que atraviesa España.
Además, el Consejo de Ministros ordenó también el cese del director general de la Policía autonómica catalana (Mossos d"Esquadra), Pere Soler, una medida que no afecta de momento al jefe operativo del cuerpo, Josep Lluís Trapero, en libertad con medidas cautelares mientras es investigado por un delito de sedición.
A nivel internacional, Rajoy recibió el respaldo de los principales países del mundo -entre ellos Estados Unidos, Alemania y Reino Unido-. En Barcelona (capital catalana), un millar de personas apoyaron las medidas del Gobierno central, con una manifestación por el centro de esa ciudad en contra de la separación del resto de España.
Alcance de la declaración de catalanes
¿Declaró Cataluña su independencia? No en términos estrictamente jurídicos, aunque la resolución aprobada ayer tiene enorme impacto político.
El "Parlament" aprobó una resolución propuesta por las fuerzas que apoyan al gobierno regional de Carles Puigdemont para iniciar un proceso que lleve a la constitución de un "Estado independiente" en un plazo no fijado. El texto recoge la declaración de independencia, pero la incluye en una parte expositiva, el preámbulo, que no era sometida a votación. Expertos coinciden por eso en que la resolución no equivale jurídicamente a una declaración unilateral de independencia. La resolución dispone la entrada en vigor de la "ley de transitoriedad" para regir la transición a una república independiente. La lectura del preámbulo antes de la votación equivale a una declaración de independencia sin haber sido votada formalmente, jugando con la ambigüedad a la que ya han apelado los independentistas. La votación cierra la puerta a una solución dialogada al conflicto. La Fiscalía del Estado había avisado que, en caso de que se proclamara la independencia, presentaría una querella contra el líder catalán por rebeldía. El artículo 155 de la Constitución, nunca aplicado en 40 años de democracia en España, permite al Estado adoptar "las medidas necesarias" para forzar a una región a cumplir la ley. Expresa que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución, o actuare de forma que atente al interés general de España, el Gobierno podrá adoptar medidas para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones".
Una intervención que promete caos
La intervención inédita del Estado central en una región tiene un alto costo de imagen -motivo por el que Rajoy intentó evitarla hasta último momento- y fue presentada por el independentismo en Cataluña como un agravio y una "humillación". La intervención promete ser conflictiva y recibida con protestas en las calles y resistencia social y política, con el consecuente riesgo de incidentes y actuaciones policiales.
La Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido antisistema que apoya al gobierno de Puigdemont, llamó ya a una "lucha no violenta" y a la "desobediencia civil masiva". Diversos sectores convocaron también protestas y huelgas. El "Govern" aseguró además que sus funcionarios se negarán a obedecer "órdenes de Madrid".
La nueva república tendría que crear su propia moneda o imprimir pasaportes. Cataluña carece de Ejército y solo cuenta con una Policía autonómica. La reciente fuga de más de mil empresas de la región muestra también los retos económicos que tendría el nuevo país.
La independencia divide además a la sociedad catalana. Las encuestas muestran que algo más de la mitad la rechaza, aunque una mayoría que llegó a superar el 80 por ciento pide decidir en un referéndum legal y pactado con Madrid, sede del Gobierno central.
Según datos del gobierno catalán, un 43,03 por ciento del censo participó en la polémica consulta del 1 de octubre, suspendida por la Justicia y celebrada sin condiciones mínimas. El "sí" a la ruptura con España ganó por un 90 por ciento, en parte porque los partidarios del "no" boicotearon la votación. El Gobierno de Rajoy dijo que no tenía previsto arrestar a nadie, pero no está claro cómo procederá si la actual administración regional se niega a abandonar sus despachos.