Después de más de 16 años en suspenso, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reanudará las ejecuciones en casos federales (en desuso desde 2003) a partir de diciembre de este año con el objetivo de dar "justicia a las víctimas de los crímenes más horribles", pese a la creciente oposición a la pena capital.

"El Departamento de Justicia respalda el estado de derecho y le debemos a las víctimas y sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia", señaló ayer William Barr, el fiscal general estadounidense.

Barr transmitió su decisión al buró de prisiones y pidió a su director, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte por asesinato, y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos.

La última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).

Entre ellos, figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Carolina del Sur, en 2015, aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.

La reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la tendencia registrada en EEUU en los últimos años, con la reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los estados conservadores del sur del país. De hecho, varios estados han abolido recientemente la pena de muerte, hasta llegar a los 21 de los 50 que tiene el país. El último fue Nuevo Hampshire, que la suspendió en mayo pasado.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles dijo que "la pena de muerte no funciona y es racista, inefectiva y cruel, y esta decisión nos devuelve el país décadas atrás".

El DPIC, que recopila información la pena de muerte, aseguró que "desde 1973 más de 160 personas que fueron acusadas erróneamente y condenadas a muerte en Estados Unidos han sido posteriormente exoneradas".

Según la última encuesta de Gallup de este año, el 56% de los estadounidenses está a favor de la pena de muerte, por debajo del pico del 80% en 1994. Actualmente hay 2.600 presos con condenas a la pena capital en todo el país.

El gobernador de California, Gavin Newson, rechazó con duros términos la decisión de restablecer la pena de muerte a nivel federal. "Trump ha elegido unirse a Kim Jong-un de Corea del Norte, al rey Salman de Arabia Saudita y al gobierno ruso de (Vladimir) Putin en la ejecución de sus ciudadanos", denunció Newson.

¿Y Obama?
 

Barack Obama, presidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017, cuestionaba la aplicación de la pena de muerte, sin entrar en el debate de fondo. En 2015 señaló la desproporcionada cantidad de negros que reciben sentencias de muerte en Estados Unidos y también algunas ejecuciones "espantosas".

Efe