Fatales. Un médico observa los cuerpos de cinco personas asesinadas durante los enfrentamientos entre la policía antidisturbios boliviana y los partidarios de Evo Morales.

El Gobierno interino de Bolivia de la autoproclamada presidente Jeanine Áñez emitió ayer un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la represión, según un texto al que pudo acceder la agencia de noticias Télam.

"El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", estableció el decreto conocido ayer pero que cuenta con fecha del viernes 15 de noviembre.

Asimismo, añadió que "las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos", lo que habilita a las fuerzas del orden a contrarrestar las manifestaciones con armas de fuego.

En otro tramo, el decreto exige a "todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado que, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales".

El decreto llega un día después de la feroz represión en la ciudad de Cochabamba contra los ciudadanos que respaldan al renunciado expresidente Evo Morales. El viernes pasado, miles de productores cocaleros que apoyan a Morales, primer presidente indígena de Bolivia, intentaron ingresar a Cochabamba desde el vecino municipio de Sacaba, pero soldados y policías se lo impidieron a los tiros, dijeron autoridades y manifestantes.

Los enfrentamientos entre productores cocaleros que respaldan a Evo Morales y la policía han provocado hasta el momento nueve muertos. Los cocaleros pertenecen al trópico de Cochabamba, bastión sindical y político de Evo, en la que pasó su última noche antes de viajar en condición de asilado a México.

El decreto presidencial contrastaba con las declaraciones de ayer a medios locales del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien aseguró que "he ordenado la mayor de las transparencias en esto: No quiero que se tape nada".