Los mercados peruanos sufrieron ayer su mayor caída diaria en 22 meses por la crisis política que afecta a esa nación latinoamericana.

Una crisis política estalló el lunes pasado en Perú, después de que el presidente de ese país, Martín Vizcarra, disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción del Legislativo en rebeldía votara la "suspensión" del mandatario y nombrara a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como jefa de Estado.

Vizcarra convocó además a elecciones legislativas para el próximo 26 de enero amparado en una norma constitucional que le permite disolver el Parlamento (dominado por la oposición) si le niega una cuestión de confianza para realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC).

Como consecuencia, esta incertidumbre golpeó a los mercados locales. La moneda peruana cerró ayer en su menor nivel de un mes y el índice selectivo de la bolsa limeña sufrió su mayor baja en 22 meses.

El sol peruano retrocedió un 0,59 por ciento a 3,386/3,390 unidades, mientras que el referente de la bolsa limeña perdió un 2,55 por ciento, a 499,36 puntos, su mayor baja diaria desde el 14 de diciembre de 2017.

"Los inversionistas salían de papeles de demanda interna ante la situación política", dijo un operador. El mercado está a la espera de la designación de los nuevos miembros del gabinete, luego de que todos los funcionarios pusieron sus cargos a disposición en una formalidad tras la renovación del primer ministro en medio de la incertidumbre política local, señalaron agentes.

La situación en Perú llegó a un punto límite entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo cuando el Congreso se negó suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con lo que busca impedir que ese alto tribunal sea copado por la oposición y consiga así accionar en su favor. Es que la Justicia mostró señales de querer liberar a varios presos políticos, entre ellos Keiko Fujimori, la excandidata presidencial que permanece en prisión preventiva por sospechas de lavado de dinero.

Mercedes Aráoz, vicepresidenta y "presidenta interina" según la facción de congresistas opositores que no aceptan la disolución del Parlamento decretada por el Ejecutivo, fue denunciada ayer ante la Fiscalía por usurpación de funciones. Así lo anunció el legislador del izquierdista Frente Amplio Marco Arana en los exteriores de la Fiscalía.

La Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la decisión de Vizcarra y consideró constructivo el llamado a elecciones legislativas.