Más de un millón de personas marcharon ayer desde varios puntos de Santiago de Chile hacia una céntrica plaza, exigiendo reformas de un sistema económico que consideran desigual y coreando lemas contra el Gobierno por afrontar con militares el peor estallido social en tres décadas.

La cifra de participantes de la protesta pacífica, considerada la más importante desde el retorno de la democracia, fue informada por la intendencia de la Región Metropolitana de Santiago a las 18, hora local, a través de su cuenta de Twitter. La intendenta de Santiago, Karla Rubilar, en conversaciones con Radio Cooperativa, dijo que la cifra de manifestantes podría llegar a 1.200.000.

Alrededor de las 20, hora local, incidentes aislados rompieron por tramos la impactante postal que entregaba la marcha más multitudinaria que recuerde la capital chilena. Frente a La Moneda, sede del Gobierno, las fuerzas de seguridad lanzaban agua, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes.

Cientos de camiones, taxis y automóviles invadieron autopistas que cruzan Santiago.

Entonando canciones populares durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), saltando y con banderas chilenas y mapuches, los manifestantes se congregaron en anchas avenidas de la capital para atender el llamado de la "Marcha más grande de Chile", una semana después de que uno de los países más estables de América latina quedara sumido en su peor crisis social.

En un clima de relativa calma, la manifestación fue desde la emblemática Plaza Italia de Santiago hasta la esquina de Avenida Santa Rosa y la Alameda, principal avenida de la ciudad.

Un grupo de delincuentes, descolgados de la marcha pacífica, abrió un supermercado Unimarc en la esquina de Portugal con la Alameda para saquearlo. Producto de los enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros cientos de personas abandonaban tanto la Plaza Baquedano como la Alameda.

La muchedumbre rebosó el epicentro del descontento social para reclamar la salida del presidente Sebastián Piñera por la represión y presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden contra los manifestantes en días anteriores.

También por considerar insuficientes el paquete de medidas propuesto por el mandatario para contentar los reclamos de mejores pensiones y salarios, y de precios más justos para la luz, el gas, la educación universitaria y los servicios de salud.

Entre la multitud comenzó a desplegarse una gigantesca bandera con el lema "Chile despertó", la consigna que ha proliferado por las redes sociales, acompañado de la frase "No estamos en guerra".

Ayer por la tarde calculaban que los muertos por la crisis de estos últimos días eran 19. El Congreso Nacional de Chile, ubicado en la ciudad de Valparaíso, debió ser evacuado ayer por precaución ante los disturbios que se estaban produciendo en sus inmediaciones, entre manifestantes y fuerzas del orden. El presidente de la Cámara, Iván Flores, ordenó la suspensión de las sesiones, por disturbios con manifestantes.

> Presidente apura las medidas

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió ayer al Congreso un proyecto de ley para aumentar los ingresos de los jubilados con pensión básica, una medida prevista en la "agenda social" que inauguró con la esperanza de frenar el estallido social que sacude al país desde hace más de una semana.

La iniciativa apunta a aumentar en un 20 por ciento la llamada pensión básica solidaria que perciben unos 600.000 jubilados englobados en el 60 por ciento del sector más pobre del país y que tienen un ingreso equivalente a los 151 dólares.

Además, propuso una suba de un punto porcentual (desde el 4 hasta el 5 por ciento) de los aportes patronales al sistema de jubilaciones, una medida demandada por las fuerzas políticas de centroizquierda.

"El seguro para proteger a los adultos mayores no valentes se va a financiar con este 1 por ciento y en los próximos días vamos a enviar al Congreso nuevas protecciones sociales con cargo a este porcentaje", dijo Piñera.

También se comprometió a crear un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores que no cobren el sueldo mínimo y a aumentar los impuestos para las rentas más altas. La Cámara de Diputados había aprobado el jueves en general un proyecto para reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral.

Ante la fuerza de las protestas, el Presidente ya había retrocedido en su decisión de eliminar un subsidio a los combustibles.

 

La esperanza de los que buscan cambios

 

El nacimiento de un nuevo "pacto social" es la esperanza de muchos de los chilenos que ayer participaron de la manifestación de alrededor de un millón de personas en Santiago.

"Los cambios requieren convulsiones a veces y creo que esto va para bien. Chile necesitaba esto", dijo a Télam Alejandro, quien llegó a la Plaza Italia para sumar su voz a las demandas populares.

"Este es un hecho inédito en democracia. Esperamos que esto derive efectivamente en un cambio de modelo de desarrollo y en el tipo de relaciones sociales que tenemos en Chile", puntualizó.

Preguntado sobre si, como muchos otros, reclama la renuncia del presidente Sebastián Piñera, Alejandro respondió que no sabe cuál será la salida política, pero remarcó que es necesario "un nuevo pacto social que implique una reformulación drástica del modelo económico y mayores niveles de inclusión, igualdad y justicia". Otro joven que estaba en la manifestación con su familia, compuesta entre otros por una hija de dos años, se mostró emocionado por la multitud y aseguró que nunca había visto antes "tanta gente en La Alameda (la calle que atraviesa el centro cívico chileno, donde está la Casa de la Moneda)".

Una mujer, parada junto a un hombre que llevaba un cartel con la leyenda "yo no tengo miedo a morir, tengo miedo a jubilarme", calificó a la demostración de "maravillosa" y destacó el carácter "transversal" de la manifestación. "Esto representa a la mayoría de los chilenos", aseguró. Todos los consultados destacaron el carácter pacífico del acto popular, pese a algunos disturbios reportados a la hora de la desconcentración, a la vez que rechazaron los actos de violencia y la dureza de la represión en los ocho días contados desde el inicio del estallido social.