La Corte del Distrito Sur de Nueva York falló en contra de Argentina y resolvió ayer que la demanda por 3.000 millones de dólares por la expropiación de YPF presentada por un fondo buitre deberá seguir adelante en Estados Unidos, y no trasladarse a Buenos Aires como había reclamado el Gobierno argentino.

Al Gobierno le queda una instancia de apelación ante la Corte de Estados Unidos y en la que evalúan presentarse, según fuentes oficiales. La resolución es una mala noticia para Argentina, que aspiraba a trasladar la controversia a los tribunales locales y alejar la amenaza de la millonaria demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para quedarse con el poder de litigar.

Ahora el juicio seguirá adelante, con oscuras perspectivas para Argentina, en el tribunal que supo ocupar el fallecido juez Thomas Griesa.

El Gobierno argentino prepara ahora la estrategia de defensa y están bajo análisis medidas drásticas. Por ejemplo, la decisión de la Procuración del Tesoro podría requerir un procedimiento que en los tribunales de EEUU se conoce como discovery process, que obligaría a la Justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a conocer cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres de Nueva York. El juicio tiene una réplica doméstica. Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, pidieron al juez Ariel Lijo investigar la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres.