Evo Morales está en la mira por supuestos vínculos con una menor de edad cuando era presidente. El miércoles por la noche se conoció que el líder cocalero y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía un mandamiento de aprehensión por un caso en el que se lo investiga por los delitos de estupro y trata de personas. La orden de captura quedó sin efecto luego de que sus abogados interpusieran una acción de libertad que le fue concedida.
La exfiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue quien emitió el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales. En declaraciones a los medios locales, Gutiérrez denunció haber sido destituida por el fiscal general, Juan Lanchipa, tras la acción judicial contra el expresidente y evitó dar detalles del caso sobre el cual se lo investiga.
Infobae obtuvo una copia de la orden de aprehensión en la cual se revelan los detalles del caso. Según el documento, el 31 de mayo de 2018, en un registro civil ubicado en la localidad fronteriza de Yacuiba, del departamento de Tarija, se emitió la partida de nacimiento de una menor. La misma, registra como padres a Cindy S.V.P., que en el momento tenía 18 años de edad, y a Juan Evo Morales Ayma, como padre de la menor.
Si bien la partida de nacimiento se emitió el 2018, se anota como fecha de nacimiento de la niña el 8 de febrero de 2016, es decir que la progenitora tenía 16 años de edad en el momento del nacimiento y que la relación con Evo Morales ocurrió cuando tenía 15 años. La hija de ambos tendría en la actualidad ocho años.
Según la orden de captura, un informe de inteligencia remitido a la Fiscalía el 26 de septiembre señala “las circunstancias” en las que se habría producido la concepción de la menor. Dice que entre 2014 y 2015, el entonces presidente Evo Morales creó, a través de diferentes organizaciones, la denominada “Guardia Juvenil”, conformada por jóvenes de entre 14 y 15 años de diferentes regiones del país. Los padres de Cindy S.V.P. habrían inscrito a su hija en esa organización con el objetivo de obtener beneficios, “es decir conseguir lo que deseaban a cambio de su hija menor”, dice el documento y señala “como poder obtener cargos privilegiados, estabilidad económica y beneficios políticos”.
En consecuencia, la menor habría sido “prácticamente forzada a mantener un acceso carnal con el ciudadano Evo Morales Ayma”, se lee en el documento. La investigación acusa también a los padres de la adolescente, identificados como Idelsa P. y Emetrio V., y señala que ambos obtuvieron cargos públicos “como parte de pago”.
Con esos antecedentes, la Fiscalía de Tarija determinó abrir una causa en contra del expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas y estupro, y establece que las penas se agravan en caso de que la víctima quede embarazada.
Orden de captura ante supuesto peligro de fuga
El documento señala dos peligros en la investigación. El primero es que Evo Morales puede obstaculizar el proceso, ya que por haber ocupado el cargo de presidente por más de 13 años, “tiene influencias de poder” para modificar, destruir u ocultar elementos de prueba que puedan demostrar su responsabilidad en este caso.
Por otro lado, señala que el imputado no tiene un domicilio fijo y puede haber peligro de fuga. La orden de captura establece que en su cédula de identidad no especifica la ubicación de su vivienda. De igual manera, sostiene que se desconoce su actividad laboral actual y que es una persona que constantemente hace viajes dentro y fuera del país. Finalmente, se establece que el líder cocalero tiene “los medios necesarios e influencias” que le permitirían mantenerse oculto u abandonar el país.
En base a esos argumentos y por considerarlo “un peligro efectivo para la sociedad”, es que los tres fiscales que investigaron el caso ordenan la aprehensión de Evo Morales.
Esta orden de captura quedó sin efecto luego de que el equipo jurídico de Evo Morales interpusiera una acción de libertad que le fue concedida.
“No me extraña ni me preocupa. Todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo. No me callarán”, expresó Morales en su cuenta de X luego de la difusión del caso.
Su equipo jurídico denunció en medios de comunicación que se trata de una persecución judicial de parte del Gobierno de Luis Arce. Este caso se da en medio de la disputa entre ambos líderes por el control del partido y la candidatura para las elecciones de 2025.